La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por una serie de acciones violentas que ha venido registrando en diferentes regiones del país durante estos últimos días. Según el organismo, todos estos hechos han sido atribuidos al ELN como parte de las actividades conmemorativas de su aniversario número 62. Lo preocupante es que estos actos no solo han dejado daños materiales, sino que han puesto en riesgo directo a civiles que nada tienen que ver con el conflicto armado.

Los reportes de la Defensoría muestran un panorama desgarrador. En Risaralda, el grupo habría atacado la Estación de Policía y un batallón en San José del Palmar, además de hostigar el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, dejando un uniformado herido. En Chocó, la estación de Policía de Tadó fue hostigada con drones cargados de explosivos, un método que refleja la sofisticación creciente de estos ataques. En Cali, una granada fue lanzada contra el CAI de Alfonso López, aunque afortunadamente no detonó. Mientras tanto, en varios lugares como Pereira, Dosquebradas, Guaitarilla en Nariño y Sácama en Casanare, han aparecido banderas y marcas alusivas al grupo ilegal.

Pero quizás lo más angustioso es lo que ocurrió en Cauca. La Defensoría reportó que alrededor de 70 familias, más de 200 personas de la comunidad de San Antonio de Gurunendy en López de Micay, tuvieron que desplazarse de sus hogares. Estas personas requieren atención humanitaria urgente y protección inmediata. Además, en Arauca se han registrado homicidios selectivos en Saravena, Tame y Arauquita, agravando aún más la ya difícil situación que vive ese departamento.

La Defensoría fue categórica al señalar que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario porque generan terror entre la población civil y la ponen en grave riesgo. Por eso hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para que fortalezcan las medidas de prevención y protección en los territorios, garanticen atención humanitaria inmediata a los afectados y mantengan una presencia institucional fuerte que le haga frente a la violencia en estas zonas.