A menos de dos meses de que los colombianos voten por el próximo presidente, la seguridad de los candidatos se ha convertido en una preocupación urgente. Las amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella, propagadas a través de redes sociales, encendieron las alarmas en la Defensoría del Pueblo, que levantó la voz advirtiendo sobre lo que considera un patrón peligroso que va más allá de un caso aislado.

Lo que más alarma a la entidad defensora es que esto no es nuevo. Hace poco, la candidata Paloma Valencia fue víctima de intimidaciones similares, lo que sugiere que alguien o algunos grupos están usando la violencia como herramienta de presión en la contienda electoral. La Defensoría insistió en que cuando estas amenazas empiezan a circular sin consecuencias, se erosiona el corazón mismo de la democracia: la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente sin miedo.

Frente a esto, la institución lanzó un llamado directo a la Fiscalía General para que actúe rápido y contundente. Pidió que se esclarezcan los hechos, se identifique a los responsables y se evalúe el nivel real de riesgo que enfrenta De la Espriella. No se trata de gestiones lentas: la Defensoría enfatizó que la respuesta debe ser inmediata y proporcional a la gravedad de las amenazas.

Pero la responsabilidad no recae solo en autoridades. La Defensoría también cuestionó duramente a las plataformas digitales por la facilidad con la que contenidos amenazantes circulan sin control. Pidió que refuercen sus mecanismos de detección, retiren de inmediato publicaciones explícitamente amenazantes y eviten que se viralicen en un momento tan sensible para el país.

El Gobierno, el Ministerio del Interior y los propios actores políticos también recibieron un llamado categórico: rechazar abiertamente estas acciones y cerrar cualquier espacio a la violencia como factor de presión en la competencia electoral. La Defensoría anunció que seguirá monitoreando el caso de cerca mientras el país transita hacia las urnas bajo un clima cada vez más tenso.