La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre una crisis humanitaria que crece sin tregua en Colombia. Entre enero y mayo de este año, más de 54.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, fenómenos alimentados por la violencia de grupos armados ilegales que refuerzan su presencia en varias regiones del país. El fortalecimiento de organizaciones como las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo ha intensificado estos hechos, especialmente en zonas críticas como Catatumbo, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander y el Pacífico colombiano.

Los números son desgarradores. Entre enero y abril, se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado que dejaron a 8.249 personas huyendo de sus territorios, mientras que 31 eventos de confinamiento paralizaron la movilidad de 45.869 habitantes. Solo en abril, el panorama empeoró con cinco desplazamientos y tres confinamientos que impactaron a 3.214 personas en cuestión de un mes. Los departamentos más afectados por desplazamiento fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca, mientras que Chocó y Putumayo concentraron los principales casos de confinamiento.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes están pagando el precio más alto. Entre enero y abril, 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas sufrieron desplazamiento, mientras que 22 comunidades étnicas fueron confinadas, repartidas entre 16 grupos indígenas y 6 afrodescendientes. Estos pueblos no solo enfrentan la violencia armada y la disputa territorial, sino también la presión de las economías ilegales. Los niños y adolescentes están en la mira de los grupos armados para reclutamiento forzado, mientras que amenazas, homicidios, minas antipersonales y artefactos explosivos convierten sus territorios en zonas de guerra.

A esta tragedia se suma la crisis climática, que está multiplicando el sufrimiento. La Defensoría registró 23 eventos relacionados con factores ambientales. En abril, la creciente del río Ocaña en Norte de Santander desplazó familias e incomunicó varias veredas. En Antioquia hay riesgo de desplazamiento para 25.541 personas, mientras que en el litoral pacífico nariñense, la erosión costera obligó a abandonar sus hogares a aproximadamente 350 familias.

Ante este panorama desolador, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades nacional y territorial que actúen con urgencia. Exigió medidas de prevención, protección y atención inmediata para los desplazados y confinados, con énfasis especial en las comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyas formas de vida y permanencia en el territorio están siendo destruidas por el conflicto y las condiciones ambientales adversas.