La Defensoría del Pueblo salió este lunes con un diagnóstico que asusta: mientras el país se prepara para votar, grupos armados ilegales han capturado territorios completos y ahora funcionan como gobiernos paralelos. No se trata solo de que amenazan a la gente. Es peor. Regulan cómo vota la población, vetan candidatos y prohíben que ciertos políticos entren a sus zonas de control.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lo resumió en una frase que duele: "el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país". Detrás de esto están organizaciones como el Ejército Gaitanista de Colombia, disidentes de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y decenas de bandas más que comparten un objetivo común: controlar a quién vota y cómo vota.

Lo más preocupante es que el Gobierno no está a la altura del desafío. Cuando la Defensoría emitió once recomendaciones en octubre, pidió respuestas concretas. Hoy mira hacia atrás y ve que solo se cumplió el 42%. El 58% restante simplemente quedó en el olvido. En la coordinación entre entidades estatales, el cumplimiento fue apenas del 29%. En fortalecer y apoyar a las organizaciones políticas, llegó a cero por ciento. Los candidatos a las curules de paz, esos espacios para víctimas del conflicto, han tenido que andar pidiendo "permisos" a grupos armados para movilizarse.

El territorio donde sucede esto no es pequeño. Abarca casi todo el Caribe colombiano, el Noroccidente con Antioquia y Córdoba, y el Suroccidente con Nariño y Cauca. En Córdoba y Antioquia, por ejemplo, "el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral", según explicó Marín. En Cauca han puesto vallas con caras de candidatos presidenciales opositores tachadas, con el mensaje claro: no pueden entrar.

Los números que dejó la Defensoría son escalofriantes. Hay 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos. Estos ataques son especialmente graves en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. Y el panorama empeora: en octubre pedían vigilancia urgente en 162 municipios; hoy son 168. Los de riesgo inmediato pasaron de 62 a 69.

La mayor preocupación de Marín no es que se cancelen las elecciones. Es algo más profundo: "El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados". En otras palabras, votaremos, pero nuestro voto dirá lo que los grupos armados quieren que diga.

La Defensoría fue clara en lo que exige: el Ministerio del Interior debe tomar las riendas de la coordinación entre instituciones. El de Defensa necesita una estrategia integral de seguridad para proteger a los candidatos y las mesas de votación. La Fiscalía debe judicializar a quienes constriñen el voto. Y la Procuraduría debe castigar a los funcionarios que miran hacia otro lado. Sin estas acciones, el panorama que ya es crítico puede oscurecer mucho más.