Videos y fotos que circularon esta semana en redes sociales volvieron a sacar a la luz una de las realidades más crudas del conflicto armado en Colombia: la llegada de grupos ilegales a las aulas. La Defensoría del Pueblo, con Iris Marín Ortiz al frente, se pronunció sobre la presencia de actores armados dentro de escuelas rurales de Nariño y Cauca, donde aparentemente andan repartiendo propaganda, útiles escolares y ocupando directamente los espacios donde estudian los menores.

Pero la cosa no es tan simple como una interrupción de clases. Según la Defensoría, "la presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas". Peor aún, esto abre la puerta a riesgos mucho más graves: el reclutamiento forzado y la violencia sexual contra los menores. Estamos hablando de niños y niñas cuyas vidas se están definiendo en estas edades.

Los números son preocupantes. En lo que va de 2026, el Cauca ha visto cómo grupos armados han reclutado a 56 menores indígenas. El año pasado, la Defensoría registró 257 casos de reclutamiento en todo el país, y de estos, el 47 por ciento fueron niños y niñas indígenas. Pero lo más inquietante es que estos números están muy por debajo de la realidad, porque muchas familias simplemente no se atreven a denunciar. El control territorial que ejercen los grupos ilegales las deja sin opciones.

La Defensoría fue clara: esto que está pasando viola el Derecho Internacional Humanitario y la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU, que establece que los grupos en conflicto deben evitar el uso, la ocupación y la destrucción de instituciones educativas. Por eso le exigieron al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para proteger las escuelas y garantizar que los menores puedan seguir estudiando en regiones donde el conflicto armado golpea a los más vulnerables.