La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este jueves al emitir una alerta temprana sobre lo que está pasando en El Peñol y El Tambo, dos municipios de Nariño que viven bajo fuego cruzado. El documento oficial revela cómo el conflicto armado en la región ha evolucionado hacia tácticas cada vez más violentas y sofisticadas: desde finales de 2025, grupos armados ilegales han empezado a usar drones modificados con explosivos para atacar estaciones de Policía, alcaldías y otras sedes administrativas. Estos ataques se han intensificado desde noviembre y ocurren en pleno centro de los pueblos, afectando a trabajadores y personas que simplemente están pasando por ahí en horarios de mucha actividad.

Detrás de esta escalada de violencia hay una pugna territorial por el corredor vial de Guambuyaco, una ruta estratégica que controla quién mueve tropas y negocios ilegales en el suroccidente del país. En un lado está el Frente Franco Benavides, vinculado a disidencias de las FARC, y en el otro se enfrentan juntos los Comuneros del Sur, disidentes del ELN, y las Autodefensas Unidas de Nariño. El resultado es un panorama humanitario que asusta: hasta ahora se reportan 124 familias desplazadas forzadamente, incluyendo población indígena que tuvo que abandonar sus territorios en diciembre pasado.

Lo que más preocupa a la Defensoría es cómo los grupos armados están controlando a la población civil. Según el documento, "utilizan aplicaciones de mensajería para controlar a los habitantes" e imponen "pautas de conducta a través de WhatsApp y panfletos". Además, obligan a que se formen "guardias campesinas" supuestamente para detener al ejército. Esta gobernanza criminal está sofocando a comunidades enteras.

Los niños, niñas y adolescentes están especialmente en peligro. La Defensoría advierte que están "expuestos al reclutamiento forzado, uso y utilización, así como a los efectos de combates y explosiones cerca de entornos escolares". Los pueblos indígenas de El Tambo y el Cabildo Quillasinga de El Peñol ven amenazada su "autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural", lo que significa que sus formas de vida ancestrales están en riesgo de desaparecer.

Ante esta crisis, la Defensoría presentó 16 recomendaciones urgentes. Le pidió al Ministerio de Defensa que "implemente estrategias antidrones y desminado militar" para proteger a las comunidades. También solicita a la Fiscalía que fortalezca las investigaciones por crímenes contra líderes sociales e indígenas. En sus conclusiones, la Defensoría fue claro: "La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades responsables actuar bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) para mitigar lo que está ocurriendo". El mensaje es simple: hay que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde.