La campaña presidencial del 31 de mayo enfrenta un problema serio que va más allá de las propuestas políticas: la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un deterioro profundo del debate democrático, alimentado por ataques personales, mentiras y discursos cargados de odio. Según la defensora Iris Marín, "El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia".

El reporte fue elaborado entre marzo y abril del año pasado, a través del programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa que también involucra a la Misión de Observación Electoral, la Conferencia Episcopal y delegados de la ONU y la Organización de Estados Americanos. Lo que encontraron no es para nada tranquilizador: candidatas como Paloma Valencia, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins han sufrido ataques basados en su género, con insultos sexualizados y descalificaciones personales. Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué, por su parte, han sido víctimas de afirmaciones racistas. La fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo enfrenta difamaciones constantes, mientras que la de Iván Cepeda y Quilcué suma a esto una "alta recurrencia de estigmatización".

Lo más preocupante es que estas agresiones no se quedan en círculos cerrados. Las redes sociales actúan como amplificadores de la violencia política, especialmente cuando se trata de personajes públicos con gran alcance. Como señaló la defensora, "Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional".

A todo esto se suma un arma adicional: la desinformación deliberada. Algunos sectores usan mentiras para vincular a candidatos con ilegalidad, criminalidad o grupos armados, buscando deslegitimarlos sin importar la verdad. La Defensoría fue clara en lo que pide: las plataformas digitales deben "actuar con debida diligencia frente a los contenidos de violencia política"; las campañas políticas tienen que "rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos"; y los medios de comunicación junto con figuras públicas deben "no amplificar estas prácticas".

El contexto actual agrava todo aún más. Mientras la Defensoría hacia este reporte, los tres candidatos que lidera las encuestas—Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia—han denunciado públicamente planes criminales para asesinarlos, lo que demuestra que el ambiente de confrontación ha llegado a límites alarmantes.