A días de que Colombia eligiera su próximo presidente, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el estado del debate político. Su tercer informe de seguimiento reveló una campaña presidencial marcada por confrontación discursiva, información falsa y ataques que pusieron en riesgo la tranquilidad del proceso electoral.

El documento, divulgado el 14 de junio, analizó lo que pasó entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2026, en el periodo crítico que seguía a la primera vuelta y antecedía la segunda ronda del 21 de junio. Los investigadores revisaron discursos, publicaciones en redes sociales y noticias de medios regionales y nacionales sobre las candidaturas de Iván Cepeda Castro, quien suscribió el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz, y Abelardo de la Espriella Otero, quien no lo hizo.

Los números hablan solos del deterioro. De 1.369 registros analizados entre publicaciones en X y reportes periodísticos, la Defensoría extrajo 45 hechos relevantes para evaluar el compromiso. El resultado fue contundente: apenas un 23,3% de cumplimiento o alineación con los principios de la campaña pacífica. Iván Cepeda, quien suscribió el Compromiso, alcanzó un 50% de cumplimiento. Abelardo de la Espriella llegó a un 8,6% de alineación. Pero la conclusión fue clara: ninguno de los dos candidatos mantuvo estándares altos.

Lo más preocupante fue lo que encontraron en materia de información veraz. La Defensoría registró un 0% en este componente después de identificar 13 hechos vinculados con contenidos falsos, manipulados o sin verificación. De la mano vino otro hallazgo inquietante: el bajo desempeño en lenguaje constructivo, con apenas un 16,7%. Durante la campaña abundaron las descalificaciones, los señalamientos que presentaban al adversario como una amenaza y narrativas que profundizaban la polarización.

La entidad enfatizó que este tipo de discursos erosionan la confianza en el debate democrático y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Por eso hizo un llamado directo: las candidaturas tienen la responsabilidad de verificar lo que difunden, evitar acusaciones sin sustento y rectificar cuando hayan divulgado datos inexactos.

Lo único que salvó el análisis fue el diálogo democrático, que alcanzó un 78,6%. Pero la Defensoría aclaró que muchas invitaciones públicas a debatir no se tradujeron en espacios de deliberación respetuosa, sino que estuvieron acompañadas de expresiones desafiantes y estigmatizantes.

Antes de la jornada electoral decisiva, la Defensoría hizo un llamado final: bajar la confrontación, abandonar la estigmatización, rechazar la desinformación y reconocer la legitimidad de los contradictores políticos. También recordó que cualquier reclamación sobre el proceso debía tramitarse por los canales institucionales con fundamentos verificables. Para la entidad, quien ganara tendría el reto de traspasar la lógica de campaña y asumir la responsabilidad de promover diálogo y reconocimiento hacia quienes no lo respaldaron.