La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, lanzó un informe urgente pensado directamente para quienes aspiran a gobernar el país en los próximos cuatro años. El documento, titulado "Decisiones impostorgables en materia de derechos humanos", no deja nada a la imaginación: Colombia enfrenta una crisis estructural que exige acciones inmediatas. Los puntos críticos son la alimentación, la salud, la seguridad territorial y el sistema penitenciario. Según la Defensoría, la desigualdad sigue siendo el muro más grande que impide que los colombianos vivan con dignidad.

El informe plantea seis acciones que consideran urgentes. Primero, atacar de raíz la pobreza y el hambre. Segundo, convertir el derecho al cuidado en base de la igualdad. Tercero, garantizar que los servicios de salud, educación y bienestar realmente funcionen. Cuarto, enfrentar abiertamente el racismo y la discriminación que persisten en el país. Quinto, proteger a las personas en todas las etapas de sus vidas. Y sexto, cambiar radicalmente las condiciones en las cárceles que hoy son un escándalo de derechos humanos.

Sobre la comida, las cifras son preocupantes. El 28,1% de los hogares colombianos está en inseguridad alimentaria, según el Dane. En el campo y entre indígenas y afrodescendientes el problema es aún más grave. La Defensoría es clara: no se puede seguir posponiendo el derecho a comer. Pide al próximo presidente políticas agrarias que no solo repartan tierra, sino que aseguren créditos, tecnología y proyectos que permitan que los campesinos produzcan lo que necesitan y permanezcan en sus territorios.

En salud, los números también hablan de un colapso. Las demandas judiciales para obtener servicios médicos subieron 34,1% entre 2024 y 2025. Eso significa que miles de colombianos tienen que ir a los juzgados para conseguir medicinas o tratamientos que el sistema debería dar. En las cárceles, la situación es casi inhumana. Hay un hacinamiento global del 27,4%, pero en la cárcel de Riohacha llega al 289%, lo que viola completamente los derechos de quienes están privados de libertad.

La Defensoría también advierte sobre la violencia que persiste diez años después de la firma del Acuerdo de Paz. Los grupos criminales transnacionales se han fortalecido. En 2025 fueron asesinados 39 firmantes de paz, lo que demuestra que "sin condiciones efectivas de seguridad, el proceso de reincorporación se debilita y el espacio cívico se contrae en lo local". La entidad pide que se apresure la justicia contra estos grupos y se acelere la reparación a las víctimas.

Un punto adicional que levanta la Defensoría es sobre la sustitución de cultivos ilícitos. Las comunidades campesinas e indígenas cumplieron su parte, pero "el Estado no ha garantizado de manera suficiente ni oportuna el cumplimiento de la oferta institucional acordada". Los retrasos y incumplimientos han socavado la confianza y amenazado los programas de sustitución voluntaria.

El cambio climático también aparece como una amenaza seria. Más de 143.000 personas están en riesgo inminente por desastres naturales y degradación ambiental. La entidad pide que el próximo gobierno fortalezca la Defensoría para que pueda vigilar los derechos en las regiones más olvidadas, donde la criminalidad y la ausencia del Estado avanzan sin control.