El panorama en El Litoral del San Juan, municipio del Chocó, se ha vuelto cada vez más crítico. La Defensoría del Pueblo lanzó una Alerta Temprana después de detectar un riesgo muy real de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos en la zona. Todo apunta a que grupos armados ilegales están a punto de enfrentarse: el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez, que responde al Bloque Occidental Jacobo Arenas.

La manzana de la discordia es la quebrada Munguidó, un afluente que funciona como puente entre ríos estratégicos. Para los grupos ilegales, este territorio es lo que llaman una "llave" porque controla rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, además de negocios ilegales como la minería y la tala. La Defensoría advierte que "la Defensoría advierte sobre una reconfiguración armada que se viene dando desde el 2025, pues el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre áreas históricamente controladas por el ELN, posiblemente bajo una alianza o acuerdo de relevo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC (antes AGC)".

Los efectos ya se ven. En las primeras semanas de 2026 hubo un homicidio y desapariciones en la zona, lo que generó pánico. Como resultado, 1.367 personas de 465 familias afrodescendientes e indígenas quedaron confinadas sin poder movilizarse por los ríos. Para gente que vive de la pesca, la caza y la agricultura, esto es devastador. Los habitantes denuncian que están "aguantando hambre" por el bloqueo que han impuesto los grupos armados.

Las comunidades viven bajo presión constante. El Bloque Occidental Jacobo Arenas ha distribuido panfletos amenazantes en los que declara "objetivo militar" a quien no se una a sus filas o sea acusado de colaborar con el enemigo. Organizaciones étnicas como Acadesan y Woundeko han perdido autonomía porque sus miembros necesitan pedir permiso a los actores armados incluso para moverse dentro de sus propios territorios. A esto se suma que han reportado el uso de drones con explosivos y el riesgo de minas antipersonal en caminos rurales.

La salud de la población está en crisis. Hay mujeres con problemas cardíacos graves que no pueden ser trasladadas a un hospital por las restricciones de movimiento. Los niños y adolescentes también están sufriendo: durante 2025 ocurrieron siete casos de reclutamiento forzado, y actualmente 324 estudiantes no van a la escuela porque los docentes tienen miedo de desplazarse y las vías no son seguras. Las escuelas, especialmente en Munguidó, se están convirtiendo en espacios cada vez más vulnerables a la influencia de los grupos armados.

Ante esta situación crítica, la Defensoría emitió 17 recomendaciones para que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Gobernación del Chocó actúen de forma "rápida" para contener la violencia. Las comunidades de veredas como Pangalita, Los Perea, Las Delicias y otras están esperando que estas advertencias se conviertan en acciones concretas.