Las alarmas se encendieron en la Defensoría del Pueblo después de que comenzaran a circular amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella en las redes sociales. La situación preocupa a la entidad defensora porque pone en cuestionamiento las garantías de seguridad que debería ofrecer el país durante un proceso electoral, especialmente cuando se repite un patrón similar al de las recientes amenazas contra otra candidata presidencial, Paloma Valencia.

Ante lo grave del asunto, la Defensoría no se anduvo con rodeos y le pidió directamente a la Fiscalía General de la Nación que actuara de manera rápida para aclarar qué pasó, quiénes están detrás de estas amenazas y cuál es el nivel de riesgo real contra la vida del candidato. También fue claro en señalar que la respuesta de las instituciones debe ser proporcional a lo que está en juego: la democracia del país.

La entidad también envió un mensaje a las plataformas digitales, pidiéndoles que fortalezcan sus controles internos para detectar y eliminar a tiempo los contenidos que inciten a la violencia, especialmente durante épocas electorales. El punto es evitar que este tipo de mensajes se dispersen rápidamente entre los usuarios.

Por otro lado, hizo un llamado contundente a los actores políticos e institucionales para que rechacen sin ambigüedades cualquier intento de intimidación. La Defensoría fue enfática al recordar que la democracia se construye con respeto y debate de ideas, no con violencia ni amenazas.

Finalmente, le pidió al Ministerio del Interior que ponga especial atención en estos hechos, tanto en los mecanismos de vigilancia electoral como en los esquemas de protección que se ofrecen a los candidatos. La advertencia fue clara: este tipo de amenazas pone en riesgo el ejercicio democrático en Colombia.