Los casos de acoso sexual que sacudieron a Caracol Televisión y RTVC en las últimas semanas pusieron sobre la mesa una realidad que va mucho más allá de dos o tres nombres. La Defensoría del Pueblo lo tiene claro: lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg de una violencia estructural que permea medios de comunicación, instituciones públicas, universidades y prácticamente todos los espacios donde nos desenvolvemos. Iris Marín, jefa de la Defensoría, fue categórica al señalar que estos hechos no son excepciones, sino "reflejo de una práctica normalizada", sobre todo cuando detrás de ellos hay personas con poder político, institucional o reconocimiento social.

Lo preocupante es que la violencia de género en el periodismo colombiano tiene números que hablan por sí solos. Un informe de 2020 de la campaña "No es hora de callar" junto al Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes reveló que 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus lugares de trabajo. Peor aún: casi 8 de cada 10 conocen casos similares en sus entornos profesionales. Y en la mayoría de estas situaciones, quienes acosan son justamente personas con poder dentro de las mismas organizaciones. Esto se confirmó cuando Caracol anunció hace poco la salida definitiva de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, dos de sus periodistas más antiguos y reconocidos, contra quienes hay denuncias por acoso sexual que, según las denunciantes, fueron sistemáticos durante más de una década.

Pero hay algo que la Defensoría subraya con insistencia: las víctimas enfrentan barreras enormes para atreverse a denunciar. "Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren, sino cuando pueden", es la advertencia que suena como un reflejo de la realidad que muchas viven. El miedo a represalias, la amenaza de perder el empleo, la desconfianza en que la justicia actúe y el riesgo de ser revictimizadas mantienen a las víctimas en silencio. A esto se suma que la sociedad tiende a cuestionar a quienes denuncian en lugar de examinar de fondo la conducta de los agresores.

Lo que reclama la Defensoría no es solo que se sancione a los responsables directos. Insiste en que es urgente revisar el papel de las organizaciones y los entornos que encubren, minimizan o deslegitiman las denuncias. Aunque reconoce algunos avances recientes, como pronunciamientos de la Fiscalía y protocolos de la Corte Constitucional, advierte que estos resultan insuficientes si no se traducen en investigaciones que realmente se hagan diligentes y oportunas. Según Marín, "Hoy el desafío es que este compromiso se traduzca en acciones concretas, investigaciones diligentes y oportunas, procesos que no revictimicen, decisiones que garanticen verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición". Sin eso, el cambio seguirá siendo solo promesa.