La incertidumbre se apodera de los defensores públicos en Colombia. Con menos de dos años para que vencen sus contratos, el 31 de julio de 2026, los abogados que defienden a quienes no pueden pagar un abogado particular se enfrentan a un futuro laboral incierto. La razón es clara: recortes presupuestales del Gobierno nacional han dejado a la Defensoría Pública sin recursos suficientes para garantizar la continuidad de todos los profesionales.

Juan Fernando Arango, defensor público de Asemdep, no ocultó su preocupación tras una reunión con la Dirección Nacional de la entidad. "Esto quiere decir que más o menos, más o menos desde el primero de agosto va haber una gran incertidumbre y puede que muchos de ellos, inclusive yo, quedemos sin trabajo a partir del primero de agosto", expresó el abogado. El mensaje es claro: a partir del 1 de agosto de 2026, cientos de profesionales podrían estar en la calle.

La situación se agrava cuando se suma otro problema: la Defensoría Pública ahora debe asumir costos adicionales que antes no tenía, como la afiliación a riesgos laborales. Esto es particularmente importante porque los defensores públicos trabajan en estaciones de policía y centros de reclusión, espacios donde su exposición al riesgo es considerable. Con menos dinero en el presupuesto y más gastos que cubrir, la viabilidad de mantener el personal actual se hace cada vez más lejana.

En Antioquia, donde hay aproximadamente 400 defensores públicos, el impacto sería devastador. Arango lo dejó en claro: "Nosotros tenemos 400 defensores públicos en Antioquia, esto impactará dos días de cese de actividades la administración de justicia, el llamado es al gobierno nacional que nos atienda, que nos escuchen si este es el gobierno del cambio que cambie nuestro contratos laborales, que cambien nuestro salarios". La advertencia es seria: el sistema de justicia podría colapsar regionalmente si falta personal para defender a los acusados.

La reducción presupuestal de la Defensoría es del 11 por ciento, un número que a primera vista puede parecer pequeño pero que, en una institución tan crítica para la administración de justicia, genera consecuencias enormes. Los defensores señalaron que con estos recortes no es viable ni aumentar honorarios ni contratar nuevos abogados.

Por eso, el gremio anunció jornadas de protesta pacífica a nivel nacional para los días 29 y 30 de abril. El llamado es a la unidad entre defensores públicos de todo el país para presionar al Gobierno nacional a que reconozca la gravedad de la situación y tome medidas. Lo que está en juego no es solo el empleo de cientos de profesionales, sino la capacidad del Estado de garantizar el derecho fundamental a la defensa.