En la tarde de este martes, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria decidió judicializar el conflicto con las autoridades electorales. Interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado para cuestionar la decisión de la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, quien ordenó la suspensión de las actividades de Atlas Intel, la firma encuestadora, precisamente cuando la campaña presidencial entra en su recta final.

Desde la campaña de De la Espriella advierten que esto representa "un hecho de máxima gravedad democrática". El movimiento sostiene que en estos momentos decisivos, cuando millones de colombianos están definiendo sus votos, ninguna autoridad administrativa puede restringir el acceso a información electoral ni limitar el derecho ciudadano a conocer cómo marchan las tendencias de la contienda. Argumentan que la tutela busca proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los votantes a formar libremente su opinión antes de llegar a las urnas.

Lo interesante es que la campaña deja claro que no rechaza el control institucional ni la vigilancia electoral. De hecho, subraya que el candidato presidencial "no se opone al control institucional ni a la vigilancia electoral. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia y cumplimiento de la ley para todos los actores del proceso". Lo que cuestionan es que, bajo el argumento de una medida administrativa, se termine restringiendo el debate público y la información relevante en un momento tan decisivo para el país.

El movimiento considera que las encuestas no son un lujo informativo, sino parte del tejido democrático. Sostiene que las mediciones electorales permiten a los ciudadanos contrastar escenarios, analizar tendencias y tomar decisiones más informadas. Por eso, advierten que cualquier actuación institucional debe fortalecer la confianza en el proceso electoral, no generar sospechas sobre la neutralidad de las autoridades ni alimentar la percepción de que se pretende limitar información cuando más la necesitan los votantes.

El equipo de campaña reiteró que acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles "para garantizar que la primera vuelta se desarrolle con libertad, transparencia y pleno respeto por los derechos políticos de los colombianos". Por ahora, la pelota está en la cancha del Consejo de Estado.