En el Catatumbo, una región golpeada por la violencia y el abandono del Estado, una familia más sufre por la desaparición de su hijo. Yormai Sebastián Contreras, un adolescente de apenas 16 años, fue secuestrado el 7 de abril en la vía al casco urbano de Tibú, Norte de Santander. Cinco días después, su caso sigue sin resolverse y ha motivado pronunciamientos urgentes de autoridades y organizaciones comunitarias que claman por su regreso.

La Defensora del Pueblo Iris Marín se unió a los gritos de desesperación que vienen desde el terreno. En un comunicado del 12 de abril, expresó el dolor de las madres de la región y exigió lo que debería ser obvio en un país de derecho: "Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Yormai Sebastián, de todas las personas secuestradas, especialmente de las menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen futuro, y este empieza por acciones tan básicas como respetar y promover su libertad y dejarles por fuera de la guerra". Aunque las autoridades presumen que el ELN estaría detrás del secuestro, la claridad sobre quién lo cometió aún no llega.

Lo que sí es claro es que en territorios como el Catatumbo, donde la presencia estatal brilla por su ausencia, emergen iniciativas comunitarias que intentan llenar ese vacío. La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, liderada por Carmen García, montó una Comisión Humanitaria con un propósito específico: "facilitar canales humanitarios" para lograr la "pronta liberación" de Yormai Sebastián "en condiciones de dignidad y seguridad". Estas madres han hecho un llamado directo al ELN pidiendo su liberación sin condiciones.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo no se ha limitado a pronunciamientos genéricos. Ha insistido en que el secuestro de Yormai constituye "una grave vulneración de sus derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario" y ha exigido que el Estado active "todos los mecanismos de protección disponibles para la atención integral al adolescente y a su familia". También ha hecho un llamado directo a los grupos armados en la región para que cesen cualquier forma de retención de menores de edad.

Lo que este caso vuelve a poner en evidencia es una realidad amarga: en Colombia todavía hay lugares donde un adolescente puede ser levantado de la calle sin que haya respuestas inmediatas, donde las madres deben suplicar por la vida de sus hijos y donde iniciativas civiles tienen que suplir funciones que le corresponden al Estado. Yormai Sebastián tiene 16 años y debería estar en la escuela, pensando en su futuro. En cambio, su familia espera noticias y el país espera que las autoridades hagan algo más que exigencias: que actúen.