Con apenas once días para la primera vuelta presidencial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas sobre una de las estrategias más controversiales del Gobierno Petro: las Zonas de Ubicación Temporal para grupos armados ilegales. Su crítica no va contra la existencia de estas zonas en sí misma, sino contra la forma en que se están implementando y los vacíos que deja en materia de protección a las víctimas.

Marín reconoce que el presidente tiene derecho constitucional para crear estas zonas y suspender órdenes de captura. Pero insiste en que eso no basta. Según la defensora, "Se está avanzando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. En este momento, no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición". El Gobierno, advierte, no ha presentado respuestas claras sobre dónde van a estar estas zonas, por cuánto tiempo durarán, cómo se van a vigilar y qué condiciones concretas justifican su creación dentro de un proceso de paz real.

Lo que más le preocupa a la defensora es el timing. Con elecciones próximas y un cambio de gobierno a la vista, estas zonas pueden convertirse en un incentivo para los grupos armados. Como lo señaló: "El avance de las Zonas de Ubicación Temporal genera expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno. Aun suponiendo que las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es virtualmente imposible que el desarme se dé antes del 7 de agosto". Marín también alertó sobre el impacto en pueblos étnicos, que históricamente han sufrido la presencia de estas organizaciones en sus territorios.

La respuesta desde el oficialismo no tardó. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, salió a defender las zonas como un mecanismo necesario. Para ella, lo que molesta a la oposición es que grupos armados se comprometan a no interferir en las elecciones. Zuleta escribió: "Les voy a mostrar lo que al parecer es la mayor molestia de la derecha en el país, incluida la señora defensora, con los procesos de paz concreta: que los grupos al margen de la ley, en el campo y la ciudad, se comprometan a no interferir en elecciones". La senadora insistió en que los grupos están comprometidos a no intervenir en la jornada electoral y tachó de "falacia" los riesgos que menciona la Defensoría. Según Zuleta, el propósito es claro: permitir que "La expectativa es de interés superior: unas elecciones libres".