La tragedia del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, cuando el avión Hércules C-130H de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra minutos después de despegar dejando 69 muertos, ha destapado una disputa que llevaba tiempo latente entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. A medida que avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente, emerge un debate incómodo: ¿quién es responsable de que la flota militar no tenga los recursos suficientes para su mantenimiento?

Según documentos conocidos por El Espectador, el Ministerio de Defensa bajo la dirección del general retirado Pedro Sánchez sostiene que las diferentes fuerzas militares sí presentaron sus necesidades de recursos a través de los anteproyectos de presupuesto. La cartera de Defensa habría solicitado nada menos que 53,4 billones de pesos para garantizar el mantenimiento adecuado de su flota aérea. Sin embargo, como la asignación fue inferior, tuvieron que ajustar los planes y concentrarse únicamente en la operatividad básica. Esto significa que muchas aeronaves quedaron en una especie de mantenimiento de supervivencia, no preventivo.

Lo que llamó la atención es que el Hércules que se estrelló formaba parte del 67% de aviones de la FAC que no tenía seguro. El Ministerio de Defensa lo reconoció públicamente: "considerando el déficit existente en el 2026, aproximado de 244.000 millones por este concepto para la presente vigencia, se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad. Con los recursos disponibles está asegurado el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública". El avión que cayó en Putumayo estaba fuera de ese cubrimiento.

Pero aquí viene el punto de quiebre. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Germán Ávila, afirma algo completamente distinto. Según sus registros, tras revisar su base documental, "no se encontró comunicación oficial" que advirtiera específicamente sobre la falta de recursos para el mantenimiento de las aeronaves militares. Hacienda sí reconoce que asignó 21,2 billones de pesos para las Fuerzas Militares mediante el Decreto 1477 de diciembre de 2025, pero la cifra que Defensa solicitaba era más del doble.

El conflicto no termina en los montos de este año. Hacienda señala que el Consejo Superior de Política Fiscal autorizó el 7 de octubre de 2025 un cupo de vigencias futuras por cerca de 17 billones de pesos para el periodo 2026-2032, recursos destinados a la adquisición de nuevas aeronaves de superioridad aérea e infraestructura. Sin embargo, esto no resuelve el problema actual: los aviones que están volando ahora siguen sin el mantenimiento que necesitan.

Cuando fue citado al Congreso para control político, el Ministerio de Defensa insistió en que las aeronaves en servicio son seguras y cumplen con los requisitos operativos. También mencionó dificultades por restricciones internacionales que limitan las transacciones con empresas de mantenimiento especializadas. Pero la brecha entre lo que pidieron y lo que recibieron sigue siendo un elefante blanco en la sala. Mientras los ministerios se señalan mutuamente, la pregunta que queda en el aire es si la falta de coordinación entre estas carteras tuvo algo que ver con lo que pasó en Putumayo.