El Parque Tayrona pasó de una rutina de control ambiental a convertirse en escenario de confrontación con grupos armados ilegales. Todo comenzó el 11 de febrero cuando Parques Naturales de Colombia inició una intervención para frenar ocupaciones y construcciones no autorizadas en el sector de Cañaveral. Los funcionarios encontraron actividades prohibidas en zonas de especial importancia ecológica, lo que según la ley acarrea consecuencias judicales y económicas para los responsables.

Pero la respuesta no fue la esperada. Días después, amenazas contra el personal del parque comenzaron a circular en redes sociales. Grupos de personas se organizaron en las entradas del sitio para intimidar a los funcionarios, pidiéndoles incluso que se quitaran sus uniformes. El panorama se agravó el 16 de febrero cuando se presentaron bloqueos en El Zaino y posteriormente en otros accesos como Neguanje. El Gobierno Nacional decidió entonces cerrar temporalmente el parque el 18 de febrero, y poco después confirmó lo que muchos sospechaban: detrás de estas intimidaciones estaba "Los Pachenca", un grupo armado ilegal con presencia en la Sierra Nevada.

Lo preocupante es que las actividades ilegales de esta organización van más allá de amedrentar funcionarios. Según registros, han estado extorsionando y haciendo cobros ilegales a comunidades locales y operadores de ecoturismo, incluso después del cierre del parque. Es decir, mientras amenazaban a quienes intentaban proteger el territorio, también sangraban económicamente a quienes dependen del turismo en la zona.

Ante esta situación, el ministerio de Defensa respondió enviando refuerzos de seguridad. El ministro Pedro Sánchez anunció el despliegue de unidades de carabineros de la Policía Nacional, entre ellas el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) y el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (EFEOR). Por medio de su cuenta de X manifestó que habrá "autoridad legítima para la tranquilidad de todos".

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, detalló el plan de acción. Señaló que sus unidades trabajarán coordinadas con las comunidades, establecerán protocolos para la apertura y cierre de accesos, identificarán actores de riesgo y realizarán patrullajes preventivos. En cuanto a la prevención, explicó que se adelantarán actividades de educación y sensibilización con las comunidades aledañas. "En lo operativo se realizarán intervenciones, incautaciones e inhabilitación de cualquier elemento o actividad que afecte el equilibrio del ecosistema", aseguró.

Mientras se despliega esta estrategia de seguridad, las autoridades investigan cómo desarticular a los grupos armados que controlan la zona y llevarlos ante la justicia. Al mismo tiempo, mantienen diálogos con los habitantes del parque para buscar acuerdos que permitan reabrirlo. El Gobierno enfatiza que el Tayrona es "uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales", y reafirma su compromiso con su protección y conservación.