Con un mensaje en redes sociales, el ministro de Defensa Pedro Sánchez respondió a las críticas que rodean el polémico contrato de 32,4 millones de dólares firmado el 31 de diciembre de 2024 con la empresa estadounidense Vertol Systems Company Inc. para mantener seis helicópteros MI-17 del Ejército. El funcionario insistió en que su cartera no fue responsable de los problemas y que, contrario a lo que podría pensarse, las finanzas públicas no resultaron afectadas.

"Cuentas claras. No se perdió ni un peso del erario público", afirmó el ministro, quien explicó los números con detalle. Según su relato, el Estado recibió 6,49 millones de dólares adicionales y tiene en trámite el cobro de otros 2,46 millones. El punto más crítico fue el anticipo del 50 por ciento del contrato, es decir 16,23 millones de dólares, que se entregó cuando el trabajo apenas avanzaba. De esa suma, 13,58 millones quedaron en riesgo cuando en agosto de 2025 se detectaron incumplimientos. Sin embargo, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20,07 millones de dólares, lo que cubrió completamente el anticipo y parte de la multa de 8,95 millones impuesta a la contratista.

El contexto de este contrato es complejo. Los helicópteros MI-17, adquiridos en los años 80, son cruciales para el transporte de tropas e insumos por su capacidad de carga de hasta 5 toneladas y espacio para 24 soldados equipados. Desde 2022, las sanciones internacionales contra empresas rusas impidieron el mantenimiento tradicional. Con la flota operativa reducida a solo cinco helicópteros de los 20 disponibles, el Ministerio recurrió a una empresa estadounidense.

Pero detrás de esta operación hay investigaciones en marcha. La Fiscalía adelanta un proceso contra tres exfuncionarios: Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la cartera; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte de la Brigada de Aviación. Fueron capturados pero quedaron en libertad mientras avanza el proceso por presuntas irregularidades como flexibilización de requisitos y cambios en la forma de pago.

La Contraloría, por su parte, había emitido advertencias tempranas. El órgano de control identificó debilidades en evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras previas, además de contradicciones en conceptos que inicialmente calificaban a Vertol como solvente, pero luego se modificó la forma de pago argumentando riesgos de liquidez del contratista. Mientras tanto, los helicópteros permanecían en hangares sin avances en reparaciones.

El ministro insistió en que su administración no participó en las decisiones iniciales del contrato y fue justamente su gestión la que impuso sanciones a la empresa. "El Ministerio se constituyó como víctima", enfatizó, subrayando que apenas tuvo conocimiento de los problemas informó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Aunque su versión busca limpiar la imagen de la cartera, las investigaciones continúan y la controversia permanece abierta en medio del escrutinio público.