Defensa de Uribe rechaza indagatoria y alerta sobre posibles intenciones electorales de la Fiscalía
El abogado Jaime Granados cuestionó la decisión de la Fiscalía de citar al expresidente Uribe a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia. La defensa argumenta que la medida es prematura porque aún estaban en práctica de pruebas autorizadas y ocurre días antes de la segunda vuelta presidencial. La investigación busca esclarecer responsabilidades por esos hechos ocurridos entre 1996 y 1997 cuando Uribe era gobernador.
El equipo legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez salió a rechazar la citación a indagatoria ordenada por la Fiscalía General de la Nación. El abogado Jaime Granados expresó su inconformidad con la decisión en el marco de la investigación sobre las masacres de El Aro y La Granja, dos hechos violentos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando Uribe ejercía como gobernador de ese departamento.
Según explicó Granados, la actuación de la Fiscalía resulta apresurada porque todavía no había terminado la práctica de pruebas que la defensa había solicitado y que la propia institución había autorizado. El abogado afirmó que incluso existía una prórroga para continuar con esta etapa del proceso, por lo que considera que citar a su cliente en este momento va en contra de sus derechos procesales.
Lo que más llamó la atención del equipo defensor fue el momento elegido para la citación. Granados señaló que la decisión coincide con los días previos a la segunda vuelta presidencial, lo que abrió la puerta a cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de esta medida. A juicio del abogado, "la resolución presenta inconsistencias que reflejarían una actuación apresurada", generando dudas sobre la objetividad del proceso dada la proximidad del proceso electoral.
La investigación que sigue adelante la Fiscalía busca determinar posibles responsabilidades de Uribe respecto a las masacres mencionadas y también por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Dentro del proceso se examina si existieron vínculos entre autoridades de aquella época y estructuras paramilitares que actuaban en la región.
La defensa mantiene su posición de que las pruebas recopiladas a lo largo de los años favorecen al exmandatario y recordó que varios de estos hechos ya habían sido objeto de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Fiscalía no ha respondido a los cuestionamientos planteados por el equipo jurídico de Uribe y continúa avanzando en una de las investigaciones más sensibles de la historia política colombiana reciente.
Fuente original: Diario del Norte

