La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez salió al paso el viernes con críticas agudas contra la decisión de la Fiscalía de llamarlo a indagatoria. El abogado Jaime Granados, en entrevista con Blu Radio, señaló sin rodeos que el procedimiento responde a cálculos electorales y no a necesidades de justicia, especialmente considerando el momento en que se anunció: apenas tres días antes de una segunda vuelta presidencial en la que el Centro Democrático, partido de Uribe, respaldaba formalmente a uno de los candidatos.

Granados, quien advirtió que la defensa estudia emprender acciones legales contra la fiscal Gloria Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, calificó la decisión como "desleal" y cargada de "tufillo político". El jurista enfatizó que "a pesar de ya haberle recibido versión libre al señor expresidente, a pesar de conocer cuáles son sus elementos aportados probatorios, a pesar de tener clara la situación, y pendiente de esas pruebas, decide sacar esta llamamiento a indagatoria en vísperas de elección de una segunda vuelta, con un tufillo político", según lo que expresó a Blu Radio.

El corazón de la acusación de Granados apunta a un quiebre procesal fundamental. El 26 de mayo, explicó, la propia Fiscalía había prorrogado el plazo para que la defensa presentara pruebas calificadas como "fundamentales" y "ampliamente favorables" al expresidente. Sin embargo, el llamado a indagatoria llegó sin que esas pruebas se practicaran. "¿Cómo va a hablar sobre unas pruebas que todavía no se han practicado?", cuestionó Granados, considerando esto una violación al debido proceso tan obvia que "cualquier estudiante de derecho" la entendería.

Los hechos bajo investigación son graves y antiguos: las masacres de La Granja en Ituango, Antioquia, cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá el 11 de junio de 1996, y la de El Aro entre octubre y noviembre de 1997. También está el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Las investigaciones incluyen además el papel de la hacienda Guacharacas, propiedad histórica de la familia Uribe, en conexión con estructuras paramilitares como el Bloque Metro.

Granados rechazó la tesis de la Fiscalía de que Uribe, como gobernador de Antioquia, "pudo haber solicitado" colaboración a paramilitares como Salvatore Mancuso o Carlos Castaño. Recordó que cuando la Corte Suprema tuvo el caso entre 2014 y 2020, por ser Uribe senador de la República, nunca lo llamó ni siquiera a versión libre, y que fue precisamente la Corte la que ordenó pruebas de "singular importancia" antes de remitir el expediente a la Fiscalía el 15 de septiembre de 2020.

Además, Granados denunció que la resolución de la Fiscalía "es tan apresurada que contiene errores incluso en los nombres de los testigos citados". Y observó una contradicción más: a pesar de la urgencia proclamada del anuncio, la Fiscalía ni siquiera fijó una fecha inmediata para la diligencia, limitándose a decir que se anunciará "oportunamente". Para Granados, esto refuerza la conclusión de que se trata de "una maniobra meramente comunicacional y política" más que de un acto de persecución penal genuina.

La defensa finalizó reiterando que, por la reserva del sumario propia del sistema antiguo en que se tramita el caso, no puede revelar detalles específicos de las pruebas que considera positivas para el expresidente. Sin embargo, insistió en que esta vinculación formal representa un acto de parcialidad judicial que merece ser cuestionado ante las instancias correspondientes.