La defensa legal del excandidato presidencial Santiago Botero escaló su estrategia judicial al presentar una queja disciplinaria contra el comisario de Familia de Cartagena. Diana Paola Chaparro, abogada de Botero, anunció la medida a través de un comunicado público, acusando al comisario Amin Francisco Sanabria de actuaciones que violarían "los principios de imparcialidad, reserva del expediente, transparencia, debido proceso y proporcionalidad". Para Chaparro, el caso completo es resultado de "una negociación de divorcio fallida" que habría derivado en un conflicto principalmente económico.

Según la versión presentada por la defensa, la expareja de Botero habría solicitado prestaciones económicas que ascenderían a aproximadamente 40 millones de pesos mensuales. Esto incluiría una manutención personal de 36 millones de pesos, cuota alimentaria superior a cinco millones para el hijo menor, y otros beneficios patrimoniales. En el listado figura también la entrega de un apartamento en Cartagena que la defensa asegura no pertenece a su cliente y tendría un valor cercano a 20 mil millones de pesos.

Lo que la defensa presenta como cambio estratégico en las acusaciones es central en su argumento de montaje. Chaparro sostiene que "pasaron de afirmar que había armas de fuego y violencia a apenas dejar entrever que lo que se buscaba era dinero, utilizando términos como 'violencia económica'". Para la abogada, estos cambios constituyen evidencia de que el conflicto nunca fue sobre maltrato sino sobre dinero. "Se pasó de hablar de armas y violencia a una supuesta violencia económica y a la fecha no existe una sola decisión definitiva contra mi representado", insistió Chaparro.

La defensa también cuestiona por qué el caso adquirió tanta relevancia pública. El comunicado sugiere que el conflicto familiar fue "amplificado por sectores políticos y digitales" durante los días previos a las elecciones presidenciales, lo que a su juicio convirtió "una controversia patrimonial convertida al escándalo nacional". Para Botero y su equipo legal, existen hechos que merecen investigación por las autoridades competentes, aunque no detallan cuáles específicamente en su comunicado.