La batalla judicial por el caso Aguas Vivas llegó a un nuevo capítulo tenso. En la reciente diligencia, el abogado del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue contundente al rechazar que el Distrito sea reconocido como víctima en este proceso que investiga presunta corrupción. Luis Antonio Hernández, defensor del exmandatario, argumentó durante la audiencia que se extendió por más de cuatro horas que no existió daño económico alguno para la ciudad, y por lo tanto no hay bases para otorgarle ese estatus a la Alcaldía.

Sin embargo, dos instituciones clave respaldan la posición opuesta. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría consideran que Medellín sí debe ser reconocida como víctima. Según sus argumentos, el perjuicio que sufrió el municipio superó los 40 mil millones de pesos. El abogado del Distrito, Alfonso Cadavid, presentó documentación del predio Aguas Vivas para sostener que la ciudad perdió un bien que ya estaba registrado a su nombre, y que posteriormente se intentó beneficiar económicamente a particulares con recursos públicos. Los entes de control van más allá: plantean que el daño no fue solo económico, sino también institucional, porque se habrían utilizado mecanismos administrativos para afectar el patrimonio público.

La defensa de Quintero además solicitó que el proceso sea declarado nulo desde la etapa de imputación. Los abogados defensores argumentan que la Fiscalía no habría expuesto con claridad los hechos ni las conductas específicas atribuidas a cada involucrado, lo que según ellos vulnera el derecho a la defensa y pone en riesgo la validez del juicio.

El caso central gira en torno al lote Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y Las Palmas. La Fiscalía sostiene que durante la administración Quintero se tomaron decisiones que favorecieron a terceros y generaron posible daño al erario público. Por eso, Quintero, quien hoy es superintendente de Salud, enfrenta cargos como peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, junto a varios exfuncionarios y particulares.

La próxima audiencia está programada para el 20 de mayo, y será decisiva. La jueza deberá determinar si el proceso continúa adelante o se declara nulo, y también si la Alcaldía de Medellín puede participar formalmente como víctima. De esa decisión dependerá el rumbo de uno de los casos más importantes que ha ocupado la atención de la política reciente en la ciudad.