Después de investigaciones que duraron varios meses, el Ministerio de Defensa revelló que miles de hectáreas de terrenos que le pertenecen al Estado fueron ocupadas ilegalmente en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca. Estas áreas están cerca de la base militar de Tolemaida y el problema tiene raíces profundas: data de 1954. Lo preocupante es que afecta bienes públicos que son estratégicos para la seguridad nacional.

Las ocupaciones son masivas. En estos momentos hay alrededor de 14 mil cédulas catastrales de personas y empresas que aseguran ser dueñas de terrenos que, según el Gobierno, pertenecen a la Nación. Lo que más llama la atención es que se encontraron no solo casas particulares o asentamientos informales, sino también condominios y conjuntos residenciales de alto valor económico dentro de áreas que deberían estar bajo control del Ministerio de Defensa.

El Estado tiene un arma legal importante a su favor. Estos bienes son imprescriptibles e inembargables, lo que significa que jamás pueden volverse propiedad privada y que las autoridades tienen derecho a recuperarlos en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Para avanzar, Defensa creó un equipo multidisciplinario con especialistas técnicos y jurídicos que ya está delimitando las áreas ocupadas de forma irregular. También están estudiando qué tanto daño social y ambiental han causado estas construcciones no autorizadas.

Pero hay un aspecto más grave aún. Las investigaciones encontraron indicios de corrupción relacionada con estas ocupaciones. El ministerio señala que hay evidencia de decisiones administrativas irregulares que habrían involucrado alcaldías, concejos municipales, oficinas de planeación y hasta algunos miembros de la fuerza pública. Supuestamente, estas actuaciones irregulares facilitaron que se construyera en tierras del Estado.

El Ministerio de Defensa administra aproximadamente 110 mil hectáreas distribuidas en 4.400 predios por todo el país. Esto muestra que el problema de ocupación ilegal no es aislado. De hecho, cerca del 47 por ciento de los predios en Colombia tienen inconvenientes con titularidad, delimitación o formalización, lo que refleja una dificultad estructural del país en ordenamiento territorial y seguridad jurídica sobre la tierra.