El Atlántico enfrenta una de sus batallas más complejas contra la criminalidad y la corrupción electoral. Durante un encuentro de seguridad en el departamento, el ministro de Defensa Pedro Sánchez no tuvo pelos en la lengua para identificar a los enemigos: calificó a estructuras como Los Costeños y Los Pepes como "carteles de tráfico y crimen" que siembran el miedo en la región a través de economías ilegales. El funcionario, acompañado por el ministro del Interior Armando Benedetti y autoridades locales, puso el dedo en la llaga sobre tres fenómenos que están desmoronando la seguridad de la zona: la manipulación de jóvenes para actividades delictivas, la usurpación de tierras y la extorsión por gota a gota, delitos que golpean directo el bolsillo de la gente común.

Para frenar el dominio territorial de estas bandas, la cartera de Defensa pondrá en marcha la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, una unidad que descentraliza el control policial que antes estaba concentrado en Barranquilla. Esta nueva estructura operará desde siete estaciones de Policía, una subestación y ocho Centros de Atención Inmediata distribuidos estratégicamente en estos municipios que acumulan altos índices de criminalidad. El despliegue inicial contará con 1.300 uniformados, la mayoría ya en el terreno listos para comenzar operaciones. Sánchez aclaró que aunque el Clan del Golfo sostiene diálogos de paz con el Gobierno, eso no significa que el Estado afloje en la persecución de sus actividades ilegales en el departamento.

Con las elecciones al Congreso apenas dos semanas adelante, el Gobierno blindó la jornada electoral del próximo 8 de marzo contra intentos de fraude y compra de votos. Para ello movilizará 246 mil miembros de la Fuerza Pública en todo el país cuidando los puestos de votación. Este refuerzo fue posible gracias a la extensión temporal del servicio militar obligatorio, que permitió sumar 22 mil militares y 4 mil policías adicionales a esta tarea de vigilancia. El ministro fue claro en que el éxito dependerá de la inteligencia y de que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad que vea.

Como incentivo para que los colombianos se conviertan en ojos y oídos contra la corrupción electoral, el Gobierno estableció una bolsa de recompensas de hasta 50 millones de pesos. Este dinero irá a quienes entreguen información comprobable que lleve a la captura de responsables de fraude electoral y compra de votos en el Atlántico. Sánchez fue enfático en que la seguridad de este departamento es un asunto de seguridad nacional, por eso el Gobierno desplegará todas sus capacidades para evitar que la criminalidad interfiera en los resultados electorales.