La organización Transparencia por Colombia encendió las alarmas esta semana al señalar que dos decretos de emergencia expedidos por el gobierno nacional generan riesgos de corrupción que no pueden ignorarse en medio de la actual contienda electoral por el Congreso y la Presidencia.

Los decretos 0174 y 0175, diseñados para enfrentar la emergencia invernal, abren lo que la organización considera puertas peligrosas. La primera preocupación es clara: estos permitirían adicionar recursos a contratos ya existentes sin ningún tope. Eso significa que un servicio o bien contratado originalmente por una cifra podría terminar costando "muchísimo más de lo establecido en el contrato original", según señala la entidad.

El problema se agrava cuando se combina esto con la Ley de Garantías, que sí permite la contratación directa en tiempos de crisis. Para Transparencia por Colombia, esta coincidencia "debe ser una señal de alerta para la Procuraduría y la Contraloría en la actual coyuntura electoral". La senadora Angélica Lozano fue más directa: el decreto 0175, dijo, "elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral", aunque reconoció que la emergencia invernal justifica agilidad en la contratación.

Los especialistas en contratación pública lo explican de forma sencilla: cuando se hacen contratos directos se pierde la competencia. Y sin competencia, es fácil que se disparen los costos, disminuya la calidad de los servicios y aumente el riesgo de que el dinero público termine en manos de empresas amigas. Se saltan licitaciones, cae la transparencia y se abre camino al favoritismo.

Pero la inquietud no nace del aire. Un reciente informe de la Contraloría General mostró cifras que pusieron a sonar las campanas de alerta: en enero de este año las contrataciones aumentaron más del 64% comparadas con el mismo mes del período electoral anterior de 2022. El valor total contratado creció aún más: subió un 75%, pasando de 5,4 billones a 9,5 billones de pesos. En todo el país se suscritos más de 521 mil contratos por un valor de casi 33 billones de pesos.

Transparencia por Colombia pidió un compromiso claro a las entidades: deben demostrar que cada peso usado está ligado directamente a la emergencia y no a otros propósitos, incluyendo los electorales. También exigieron que se dejen ver los parámetros técnicos que justificaron cada contrato o adición. Como concluyeron: "Las emergencias requieren mecanismos ágiles de actuación por parte del Estado, pero sin ceder ante riesgos de corrupción".

Por ahora, los números no permiten confirmar ni negar que hubo irregularidades ligadas a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Esa es tarea de las autoridades competentes. Pero el informe de la Contraloría y el pronunciamiento de las organizaciones de vigilancia dejan clara una cosa: hay que estar ojo avizpa.