Con la cita histórica del indígena Romualdo Brito de 1979, un analista advierte que se está sembrando la semilla de un conflicto interétnico en la Sierra Nevada de Santa Marta. El presidente Gustavo Petro firmó esta semana el Decreto 0514 de 2026, mediante el cual se reconocen 348 espacios sagrados y se precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. El decreto busca garantizar la protección espiritual, cultural y ambiental de estos pueblos, pero su expedición anula el Decreto 1500 de 2018 que había sido declarado nulo por el Consejo de Estado.

El problema, según los críticos, radica en que el nuevo decreto sobrepone la autoridad de estos pueblos sobre las competencias y autonomía que históricamente han ejercido los wayuú y las comunidades afrodescendientes sobre sus propios territorios ancestrales en la región. Esto constituiría una provocación innecesaria que coloca a las partes en terreno de conflicto, similar a lo ocurrido en el departamento del Cauca, donde tales desencuentros han dejado varias muertes.

El análisis apunta que el decreto incumple los requisitos de consulta previa amplia, transparente y representativa que exige la Constitución Política. Adicionalmente, señala que vulnera directamente el artículo 13 constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Comunidades como los wayuú, los chimila y varios consejos comunitarios de afrodescendientes no fueron consultados adecuadamente antes de su expedición, pese a vivir y ejercer autoridad en los territorios afectados por la Línea Negra.

Según el análisis, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado encontrará terreno fértil porque el decreto incumple múltiples artículos constitucionales y legales. El decreto también limitaría las competencias de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, así como la de los municipios dentro del territorio delimitado, pues ninguno podría adoptar medidas institucionales sin consultar previamente a los cuatro pueblos reconocidos.

Los críticos enfatizan que la Línea Negra es un territorio multiétnico y multicultural, donde los derechos de las comunidades wayuú y afrodescendientes están plenamente garantizados en procesos de ordenamiento territorial conforme a la Ley 388 de 1997. Se hace un llamado a que las autoridades tradicionales, gobernadores y alcaldes se pronuncien y soliciten una reunión directa con el presidente para resolver esta situación antes de que escale el conflicto. Se advierte que "hay gente que trabaja para el jefe y otros que trabajan al jefe", refiriéndose a que detrás del decreto hay intereses particulares sin importar el bienestar de minorías que son objeto de especial protección constitucional.