Una nueva controversia rodea la política de territorios indígenas en Colombia. El presidente Gustavo Petro suscribió esta semana el Decreto 0514 de 2026, mediante el cual reconoce 348 espacios sagrados en la Sierra Nevada como territorios ancestrales de los pueblos Arwaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, garantizando su protección espiritual, cultural y ambiental.

El problema, según alerta el columnista Luis Eduardo Acosta Medina en su análisis para Guajira News, es que este decreto habría incurrido en violaciones constitucionales graves. En particular, señala que no se realizó una consulta previa amplia, transparente y representativa con las comunidades wayuu y afrodescendientes que históricamente han habitado esos territorios. Acosta afirma que se llevaron a cabo "caricaturas de consultas" sin escuchar debidamente a las autoridades tradicionales de estos pueblos.

El columnista sostiene que el nuevo acto administrativo reproduce los mismos errores legales que causaron la caída de un decreto similar expedido por el presidente Juan Manuel Santos, anulado por el Consejo de Estado por violar directamente el artículo 13 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de pueblos indígenas.

Según el análisis, la problemática central radica en que el decreto sobrepone la autoridad de los pueblos de la Sierra Nevada sobre las competencias y autonomía que los wayuu tienen sobre sus territorios ancestrales. Esto, advierte, constituye "una provocación innecesaria y peligrosa" que podría generar conflictos similares a los que ya han dejado víctimas mortales en otras regiones del país como el Cauca.

El columnista señala que gobernadores, alcaldes y autoridades tradicionales deben pronunciarse públicamente y solicitar una reunión directa con el presidente para resolver la situación. También sugiere que el gobierno nacional debería demandar su propio decreto ante el Consejo de Estado mediante una acción de lesividad, solicitando medidas cautelares de urgencia para evitar mayores complicaciones jurídicas y sociales.

La controversia se suma a las tensiones existentes en torno a la implementación de políticas de tierras indígenas en el país, tema que ha resultado conflictivo en administraciones anteriores.