Un cambio radical en el sistema de salud colombiano está a punto de transformar la vida de millones de personas. El Ministerio de Salud acaba de expedir el Decreto 182 de 2026, una norma que reorganiza completamente cómo funcionan las EPS en el territorio nacional según criterios de población y cobertura. El resultado es contundente: en 504 municipios, simplemente no habrá alternativa. La Nueva EPS, la aseguradora estatal con 11,5 millones de afiliados, será la única opción disponible para quienes viven en esas zonas.

La norma establece límites porcentuales de afiliación según el tamaño de cada departamento. En territorios con más de dos millones de habitantes, una EPS necesita tener al menos el 5% de los afiliados para seguir operando. Ese porcentaje sube a 10% en departamentos medianos y a 15% en los más pequeños. Las aseguradoras que no cumplan estos mínimos deberán trasladar a sus clientes a entidades más grandes. En la práctica, eso significa que Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS) concentrarán la gestión de la salud en vastas regiones del país.

Antioquia es uno de los departamentos más golpeados por esta medida. Allí, 80 municipios quedarán bajo el control exclusivo de Savia Salud y Nueva EPS, reduciendo drásticamente la oferta de opciones para los ciudadanos. En total, 1,8 millones de usuarios distribuidos en 28 departamentos se verán afectados por la falta de libertad para elegir a cuál EPS afiliarse. Desde Boyacá hasta La Guajira, desde Antioquia hasta Nariño, el panorama será el mismo: quién es tu aseguradora no es tu decisión.

El Ministerio insiste en que se trata de mecanismos técnicos para garantizar que las EPS funcionen adecuadamente y asegura que cumple así con el mandato constitucional de proteger la continuidad del servicio de salud. Sin embargo, la realidad que reflejan los documentos oficiales muestra un nivel de concentración sin precedentes. Aproximadamente 2,4 millones de personas serán trasladadas automáticamente, un movimiento de usuarios que el gobierno niega que sea masivo, pero que los números desmienten.

Lo particular de todo esto es que Nueva EPS es la aseguradora que está bajo gestión estatal desde abril de 2024 y que, según reportes, ha tenido dificultades de funcionamiento. Trasladar millones de pacientes hacia una entidad con problemas documentados genera inquietud entre expertos y ciudadanos. El Consejo de Estado ahora tiene en sus manos la última palabra: estudia un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo y una solicitud para suspender provisionalemente el decreto. Mientras tanto, el Ministerio ya tiene listo el listado de qué EPS operarán dónde, en espera de que la justicia ordene si esto avanza o se detiene.