El anuncio del Gobierno sobre limitar las inversiones internacionales de los fondos privados de pensiones está generando alarma entre analistas y expertos. La propuesta busca que estos fondos mantengan al menos el 70 por ciento de sus recursos dentro del país durante los próximos cinco años. El problema es claro: menos diversificación internacional significa menos ganancias en los ahorros, y eso se traduce directamente en mesadas más pequeñas cuando llegue el momento de jubilarse.

Para entender qué significa esto en la vida real, los números son contundentes. Tomemos el ejemplo de una persona que gana 10 millones mensuales y cotiza durante 23 años. Sin el decreto, podría acumular alrededor de 795 millones de pesos y recibir una pensión cercana a 2,1 millones mensuales. Pero con la limitación a inversiones en el exterior, esa misma pensión caería a aproximadamente 1,8 millones. La diferencia: casi $350.000 menos cada mes. A lo largo de 23 años de jubilación, eso suma casi 95 millones de pesos menos en ingresos totales.

¿Por qué cae tanto la pensión? Porque los rendimientos de los fondos disminuyen. Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensiones ISP, explica que "el retorno sin decreto podría ser del alrededor del 5%, mientras con la implementación del limite de inversiones en el exterior podría caer al 3,3%". Parece una diferencia pequeña, pero la Contraloría General de la República advierte que los ciudadanos podrían jubilarse con hasta 29,5 por ciento menos en sus mesadas.

Los más afectados serían quienes cotizan por encima del salario mínimo en los fondos privados, pues su pensión depende enteramente de lo que haya ahorrado. Sin embargo, hay otro lado de la moneda igualmente preocupante: los trabajadores que ganan el mínimo. Una mujer que cotizan 23 años sobre el salario mínimo podría ahorrar 139 millones sin el decreto, pero con la limitación llegaría solo a 116 millones. Aunque eso no cambiaría su pensión final, porque el Estado garantiza el mínimo, Izquierdo lo explicó así: "eso quiere decir que los más de 20 millones de pesos que deja de acumular la persona se trasladan a la Nación". En otras palabras, el Estado tendría que complementar con 400 millones adicionales una pensión de salario mínimo que hoy cuesta aproximadamente 530 millones para el fisco.

Esto genera un efecto cascada. Cuanto menos ahorren los trabajadores, mayor será el gasto del Estado para completar sus pensiones mínimas. Es una presión fiscal que se suma a los problemas financieros públicos. El decreto tendría dos efectos principales: pensiones más bajas para la mayoría, especialmente para quienes ganan más, y un costo mayor para el país en garantizar el piso mínimo de jubilación. Por eso tanto Asofondos como centros de análisis como Anif han manifestado su preocupación sobre los impactos que esta iniciativa traería tanto al bolsillo de los trabajadores como a las finanzas nacionales.