El gobierno de Gustavo Petro quiere cambiar de raíz cómo funciona el sistema de salud en Colombia, pero sin pasar por el Congreso. Y el resultado es que alrededor de 2,4 millones de personas terminarían afiliadas a la Nueva EPS, una empresa que desde hace dos años está siendo intervenida por el Estado y que acumula problemas por todos lados.

Todo esto viene en el Decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que reorganiza quién puede operar en cada región según criterios territoriales. La idea, en teoría, es ordenar el mercado de aseguradoras. Pero en la práctica significa que en 504 municipios del país —el 45 por ciento del total— la Nueva EPS quedaría como la única opción. En otras palabras: la gente no elegiría; solo tendría esa puerta abierta.

Para entender por qué esto preocupa, hay que mirar el historial de Nueva EPS. La aseguradora no presenta estados financieros desde septiembre de 2023. En menos de dos años aumentó sus deudas de 6 billones a 24 billones de pesos. Acumula 120 mil tutelas sin responder. Y ha tenido cinco interventores en 23 meses. A pesar de todo, el ministro Guillermo Jaramillo y el presidente Petro parecen convencidos de que nada malo pasará.

El decreto establece que en departamentos grandes, solo pueden operar las EPS que tengan al menos el 5 por ciento de los afiliados locales. En departamentos medianos, el mínimo sube al 10 por ciento. Y en los más pequeños, al 15 por ciento. Eso obliga a aseguradoras más chicas a ceder sus pacientes a las grandes, siendo Nueva EPS la principal receptora. El problema es que todas las EPS están en crisis financiera: gastan entre 110 y 120 pesos por cada 100 que reciben del Estado. Agregarle 2,4 millones de usuarios más a Nueva EPS intensifica esa asfixia.

En Antioquia, por ejemplo, 80 municipios quedarían exclusivamente bajo Savia Salud y Nueva EPS. En Cundinamarca, pueblos como Albán, Anapoima, Bojacá y Tenjo perderían a aseguradoras como Sanitas, Salud Total y Compensar. En Boyacá pasa algo parecido. Y en regiones periféricas como Guainía, Vaupés y Vichada, Nueva EPS aparece como la única autorizada en casi todos los municipios.

Aunque el Ministerio de Salud niega que sea un "traslado masivo" y dice que solo aplicará estas reglas cuando una EPS no garantice operación adecuada, los documentos oficiales que elaboró la misma entidad contradicen eso. Un listado técnico del ministerio muestra que la medida obligaría a desplazamientos enormes de afiliados.

La situación ya llegó a los juzgados. El 4 de marzo se radicó una acción popular contra el decreto ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, buscando tumbarlo. Es el segundo recurso judicial que intenta frenar estos cambios. En octubre de 2025, el Consejo de Estado ya había suspendido temporalmente otro decreto similar que el ministerio había expedido para reformar el modelo de salud.