Las elecciones legislativas que concluyeron hace poco en Colombia dejaron un panorama que pone los pelos de punta: la Policía logró interceptar dinero que, según las autoridades, era destinado a la compra de votos. Los números son inquietantes. Entre el 30 de enero y el 8 de marzo, cuando ocurrieron los comicios, fueron detenidas 52 personas en 49 operaciones diferentes. Entre todas llevaban 3.761 millones de pesos que no pudieron explicar de dónde provenía. En algunos casos, el dinero venía en paquetes ya marcados con los nombres de los receptores y acompañado de material de campaña política.

Lo preocupante es que la cifra creció significativamente comparada con lo que pasó en las legislativas de 2022. Hace cuatro años hubo ocho detenidos con 2.792 millones, es decir, que ahora el número de personas capturadas aumentó en 550 por ciento y el dinero interceptado en 34,7 por ciento. La Policía celebró diciendo que esos resultados "reflejan el compromiso por garantizar la transparencia y la seguridad de la democracia", pero la realidad es que queda la duda de cuánto dinero más se movió sin ser detectado y cuántos votos terminaron siendo comprados.

Antioquia fue el departamento donde más se capturó dinero sospechoso, con cinco casos, seguido de Bolívar, Norte de Santander, Sucre y Meta. Pero los casos más resonados involucraron a personajes políticos que no pasaron desapercibidos. El 4 de marzo en Córdoba, en la vía hacia Planeta Rica, la Policía encontró 434 millones de pesos en poder de Misael Augusto Villarreal Jorge, un exconcejal de Montelíbano del partido de La U. El dinero estaba escondido en un bolso deportivo dentro de una camioneta. Villarreal fue remitido a la Fiscalía por lavado de activos, pero Ana Paola García Soto, candidata al Senado por La U, se apresuró a aclarar que el exconcejal "se ha destacado por ser un profesional transparente vinculado a una multinacional. La detención no tiene ninguna relación con mi campaña; no fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada".

En La Guajira pasó algo igual de grave. El lunes anterior fueron incautados 145 millones en una camioneta que iba siendo remolcada por una grúa. El dinero viajaba en siete sobres marcados con municipios de destino, nombres y teléfonos. Junto al efectivo había propaganda electoral del representante Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Conservador. El detenido fue Luis Alfredo Acuña, un escolta de la Unidad Nacional de Protección que trabajaba en el equipo de seguridad de Jaime Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes.

Restrepo reaccionó rápido: "Cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso". Lacouture también se desmarcó, diciendo que "no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos". Curiosamente, un juez de garantías decidió dejar en libertad a Acuña porque consideró que hubo irregularidades en el procedimiento de su captura.

Lo que quedó claro es que la compra de votos sigue siendo una amenaza real en Colombia, y de cara a las presidenciales, las autoridades van a tener que afinar mucho más sus operativos si quieren frenar esta práctica que socava la democracia.