La infraestructura que debería traer agua potable a miles de cordobeses se convirtió nuevamente en campo de batalla político. En sesión de la Asamblea departamental, un debate de control sobre el acueducto del San Jorge terminó sacando a la luz nombres y conexiones que muchos creían ya olvidadas en los pasillos de la política regional.

El diputado Gabriel Calle fue quien metió el dedo en la llaga. Aunque aclaró que no los señalaba como dueños directos del proyecto, mencionó al exgobernador Edwin Besaile Fayad y al exsenador Musa Besaile Fayad para cuestionar los posibles vínculos empresariales alrededor de las interventorías del acueducto. Sus palabras encendieron un ambiente que ya estaba cargado de inconformismo por los años de retrasos en una obra que debería tener terminada hace mucho tiempo.

Cuando parecía que el debate se enfocaba únicamente en las deficiencias del proyecto, también salió a relucir el nombre del contratista Saúl Ramón Vergara. Esa mención reabrió controversias que los políticos cordobeses esperaban tener enterradas. El clima en la Asamblea se tornó más tenso todavía.

La defensa no se hizo esperar. El diputado Juanchy Flórez respondió pidiendo que los señalamientos se sustenten con pruebas ante los organismos de control, y no se queden simplemente como acusaciones en el escenario político. El cruce de palabras mostró las grietas que persisten en la política departamental.

Pero mientras en la Asamblea se lanzan acusaciones y defensas, la realidad en el terreno sigue siendo la misma: comunidades cordobesas siguen esperando agua potable de calidad. El acueducto del San Jorge es un proyecto que prometía responder a una necesidad básica, pero sigue sin entregar. Y lo que es peor, ahora la obra parece estar más atrapada en las disputas políticas que en el camino hacia su conclusión.