Lo que parecía ser una estrategia de negociación con estructuras criminales terminó en un giro inesperado. A finales de enero, investigaciones periodísticas revelaron que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro sostuvieron reuniones reservadas con intermediarios de dos grandes capos: Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', jefe máximo de la organización criminal 'La Inmaculada' en el Valle del Cauca, y Diego Marín, alias 'Papá Pitufo'. Todo ocurrió mientras el gobierno exploraba posibilidades de diálogo con estas estructuras delictivas.

Según la investigación de El Tiempo, desde hace más de un año se habría activado un lobby de alto nivel para que el gobierno instalara una mesa exploratoria con 'Pipe Tuluá' a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. El abogado Luis Felipe Ramírez Ospina, en representación del narcotraficante, dirigió una carta al director de ese entonces de la DNI, Jorge Lemus, diciendo: "Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', líder de la organización 'la Inmaculada', me dirijo a usted respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego". También hubo viajes de funcionarios públicos a España en busca de contacto con 'Papá Pitufo'.

Lo turbio creció cuando se conoció que el abogado Ramírez tuvo al menos dos reuniones con Lemus en nombre de 'Papá Pitufo'. Según reportajes de Caracol Radio, en audios de esas conversaciones el penalista habría mencionado una posible mediación con 'Pipe Tuluá' y bandas criminales de Buenaventura para un eventual proceso de paz. Lemus habría pedido a cambio información sobre funcionarios del gobierno y ofrecido beneficios carcelarios. Lo extraño es que mientras se concretaba formalmente la mesa exploratoria con 'La Inmaculada' usando a directivos de la DNI como interlocutores, al día siguiente el gobierno dio vía libre a la extradición de 'Pipe Tuluá', que se ejecutó el mismo día en que Petro se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca.

Lemus argumentó después que los acercamientos fueron autorizados por el propio presidente Petro y que en las misiones de trabajo de la DNI quedó constancia de esos encuentros. También salió a relucir que 'Papá Pitufo' habría ofrecido información sobre entregas de costosos regalos, como relojes Rolex, y pagos a altos oficiales de la Policía. Sin embargo, Ramírez negó tener claridad sobre estas acusaciones y aseguró que no le constaba que 'Papá Pitufo' hubiese hecho tales ofrecimientos en la DNI.

Cuando llegó René Guarín como nuevo director de la DNI después de la salida de Lemus, la orden fue tajante: la entidad no seguiría ocupándose de acercamientos con estructuras criminales. Pese a esto, entre agentes activos y retirados de la DNI surgieron dudas sobre lo realmente tramitado con otros grupos como los de Barranquilla y sobre las ofertas de información que circularon.

El presidente Petro no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, 'Pipe Tuluá', ya extraditado a Estados Unidos, comenzó a ofrecer colaboración con las autoridades estadounidenses, afirmando poseer información sobre aportes económicos a la campaña presidencial que habrían llegado a través de Juan Fernando Petro, hermano del mandatario. Lo que comenzó como puertas abiertas al diálogo terminó siendo un episodio que deja más preguntas que respuestas sobre qué se negoció realmente, con quién y por qué.