Abelardo de la Espriella regresa al Palacio de Justicia, pero esta vez no como abogado defensor. Hace poco más de ocho años estuvo allí representando a Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional. Ahora llega con otra investidura: como presidente electo de Colombia. El bogotano, quien durante la campaña se definió como un "hombre de leyes" y prometió respetar la independencia de las ramas del poder, solicitó de manera informal estas reuniones con los máximos titulares de la justicia colombiana.

Las visitas están programadas para después de que el Consejo Nacional Electoral le entregue su credencial. En la Corte Suprema se reunirá con Hugo Quintero, en la Corte Constitucional con Paola Meneses, y en el Consejo de Estado con Alberto Montaña. Defensores de la Patria, el movimiento de De la Espriella, informó que los encuentros son a las diez y media, once y doce del mediodía respectivamente. Desde los tribunales enfatizan que se trata de visitas "informales" sin temas específicos predeterminados. "Solo quiso pasar a saludar", comentó una fuente a La FM.

Estas reuniones llegan en un momento delicado. El gobierno de Gustavo Petro dejó un rastro de tensiones con la Rama Judicial que De la Espriella tendrá que manejar cuidadosamente. En mayo pasado, después de que el Consejo de Estado suspendiera un decreto presidencial sobre la transferencia de fondos de pensiones, Petro cuestionó públicamente a los magistrados, acusándolos de actuar "a favor del interés de los banqueros". La respuesta de las altas cortes fue contundente. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado conjunto recordando que la separación de poderes es "un elemento central de nuestra estructura institucional" y que los controles judiciales son "una de las principales garantías" de la democracia. El Consejo de Estado, por su parte, expresó su preocupación por el "tono incendiario" del presidente y la "desinformación" sobre las decisiones judicales.

De la Espriella llega a la presidencia con varios desafíos relacionados con la justicia. Por un lado, tendrá que nombrar un nuevo fiscal general en 2028, un procurador general diez meses después, y una magistrada para la Corte Constitucional en 2029. Estos nombramientos moldearan la orientación de la justicia durante su mandato. Además, deberá trabajar en asuntos pendientes como la implementación de la jurisdicción agraria, una reforma que quedó en suspenso durante el gobierno anterior.

El penalista de Barranquilla también deberá navegar mientras las cortes continúen revisando sus decretos, planes y posibles reformas al marco institucional. Cualquier norma que expida como cabeza del Ejecutivo, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta eventuales cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz, estará sujeta al análisis y control de los tribunales. La relación entre el Ejecutivo y la justicia será, sin duda, uno de los ejes críticos de su gestión.