Abelardo de la Espriella llegó al Palacio de Justicia el pasado 25 de junio para un encuentro que marca un cambio notable en la relación entre el próximo gobierno y la rama judicial. Durante su visita como presidente electo, sostuvo reuniones con los principales magistrados del país: Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional; y Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado. Según informó la Corte Suprema en sus redes sociales, De la Espriella "expresó su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público". Este gesto representa un contraste claro con la relación tensa que caracterizó los últimos años entre Gustavo Petro y las altas cortes.

La estrategia del nuevo mandatario incluye la expedición de aproximadamente 90 decretos que tocarían seguridad, economía, salud y educación, mientras prepara su agenda legislativa en el Congreso. Aunque los detalles aún no se conocen, estas medidas funcionarían como las primeras señales del rumbo que De la Espriella quiere imprimirle al país. Uno de sus ejes principales es la lucha contra cultivos ilícitos, particularmente las cerca de 330.000 hectáreas de coca que, según su análisis, financian grupos armados y alimentan la violencia. Su plan combinaría fumigación aérea, drones y erradicación manual, pero descartó usar glifosato, optando por bioherbicidas que respeten los límites constitucionales.

Sergio Morales, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó a EL COLOMBIANO que estos acercamientos tienen un propósito específico. "Los primeros acercamientos entre el presidente electo y las altas cortes evidencian un reconocimiento de que buena parte de sus principales propuestas están coordinadas por el diseño institucional previsto en la Constitución de 1991", señaló el experto. Agregó que "estos encuentros también deben entenderse a la luz del principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público (artículo 113 de la Constitución). Aunque hay separación de poderes, las ramas colaboran armónicamente para la realización de los fines del Estado. Pero esto no implica subordinación, las cortes ejercen su control con plena independencia".

La reunión con Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, cobra particular relevancia porque varias de las propuestas de De la Espriella podrían ser analizadas por ese tribunal. Sin embargo, Morales aclaró que no todos los decretos presidenciales son revisados automáticamente allí. "Ese control automático solo existe para los decretos que la Constitución establece, como los legislativos expedidos durante los estados de excepción y estado de emergencia económica, social y ecológica". La mayoría de los decretos podría ser objeto de distintos tipos de control ante otras instancias como el Consejo de Estado.

La conversación con el Consejo de Estado también tiene un propósito definido. Aunque este organismo no realiza control de constitucionalidad sobre los actos presidenciales, administra funciones esenciales de la rama judicial. Esto resulta particularmente importante para propuestas controvertidas del futuro gobierno, como la construcción de diez megacárceles. "Si el nuevo gobierno pretende desarrollar una política criminal más fuerte, que incluya construir nuevas cárceles o impulsar reformas del sistema judicial, la coordinación institucional con el CSJ será muy importante para garantizar la capacidad operativa del aparato judicial", explicó Morales.

El encuentro con Hugo Quintero y la Corte Suprema de Justicia también proyecta su relevancia futura. Esta corte conoce procesos penales contra altos funcionarios, unifica jurisprudencia y participa en el sistema de pesos y contrapesos nominando magistrados a la Corte Constitucional. Con un gobierno que promete una "Seguridad Democrática 2.0" y reforma del sistema penal, la relación institucional con la Corte Suprema será determinante para las eventuales transformaciones en materia criminal que se impulsen desde el ejecutivo.