La polémica en torno al caso Rosa Elvira Cely llegó a los tribunales de la opinión pública. De la Espriella Lawyers emitió un comunicado oficial para defenderse de las críticas que familiares de la víctima han hecho sobre el papel del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el proceso judicial, así como sobre la manera en que el caso ha sido utilizado en el debate político actual.

Los cuestionamientos vinieron de integrantes de la familia de Rosa Elvira Cely, quien fue víctima de feminicidio en Bogotá en 2012 por parte de Javier Velasco Valenzuela. La familia expresó su inconformidad por cómo se ha mencionado públicamente el caso durante la actual campaña presidencial. Esto encendió nuevamente las alarmas alrededor de un crimen que marcó profundamente la lucha contra la violencia de género en el país.

En el comunicado, firmado por Carlos Sánchez Cortés, socio director general de la firma, De la Espriella Lawyers aclaró que su participación en el caso se realizó de manera gratuita como parte de un programa de asistencia jurídica sin costo. "De la Espriella Lawyers y el doctor Abelardo De La Espriella nunca cobraron ni recibieron suma alguna de dinero", señaló el documento. La firma también precisó que su intervención en el proceso penal terminó en diciembre de 2012, años antes de que surgiera una condena administrativa contra el Estado por reparación económica.

Otro punto central en el comunicado fue desmentir versiones recientes sobre una presunta apropiación de recursos derivados de indemnizaciones. La firma aseguró que ni Juliana Cely, hija de la víctima, ni Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, han señalado al abogado de haberse quedado con porcentajes de la eventual indemnización económica. De esta manera, buscó cerrar especulaciones que habían circulado en los últimos días.

De la Espriella Lawyers reiteró que su objetivo fue apoyar la judicialización y condena del responsable del feminicidio, uno de los crímenes más dolorosos de violencia contra las mujeres que ha enfrentado Colombia. La firma también se comprometió públicamente con "la transparencia, el rigor jurídico y la claridad en la comunicación" y dijo estar disponible para entregar aclaraciones adicionales si fuera necesario.

Con este comunicado, el caso volvió a ocupar un lugar protagónico en el debate público nacional, reabriendo discusiones sobre cómo se ha manejado judicialmente, políticamente y en los medios uno de los feminicidios que más ha marcado a la sociedad colombiana.