La decisión fue contundente: De la Espriella frenó en seco toda comunicación con la administración saliente. El presidente electo declaró que no tiene sentido continuar con el empalme cuando se está "sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos", haciendo referencia directa a las acciones que atribuye tanto a Gustavo Petro como a Iván Cepeda.

Las acusaciones van más allá de simples diferencias políticas. Según De la Espriella, lo que está ocurriendo responde a un patrón que ya conocemos en la región. Aseguró que "el plan de Petro queridos compatriotas siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro lo que hizo su amigo Chávez lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo del socialismo del siglo 21 precisamente para quedarse en el poder para atornillarse al poder". El presidente electo ve en las acciones de la administración actual un intento deliberado de alterar el orden constitucional y desconocer la voluntad de los votantes.

Lo que molesta al elegido es que Petro ha escalado sus actuaciones de manera preocupante. Según De la Espriella, el mandatario se ha atribuido competencias que no le corresponden, ha cuestionado la credencial presidencial expedida por la autoridad electoral, y ha respaldado públicamente la idea de que Iván Cepeda era el verdadero ganador de las elecciones. Estas acciones, en su criterio, constituyen nada menos que un intento de golpe de Estado.

Cepeda tampoco se libra de las críticas. De la Espriella rechaza que el llamado a la "desobediencia civil" pueda servir como justificación para desconocer el resultado de las urnas. Para el presidente electo, no existe forma de resistencia pacífica que valide alterar un proceso democrático que ya ocurrió.

Sin embargo, después de que De la Espriella anunciara la ruptura del empalme, Petro intentó cambiar el tono. A través de su cuenta en X, el presidente escribió que reconoce "al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto". Pero el daño ya estaba hecho: De la Espriella mantiene su postura firme sobre que la democracia, el mandato ciudadano y la transición entre gobiernos deben respetarse sin excepciones. Los resultados de las urnas, insiste, no pueden ser desconocidos por nadie.