La situación financiera del país demanda cambios profundos en la forma como se manejan los recursos públicos. Así lo plantea el candidato Abelardo De la Espriella, quien propone un modelo económico basado en el ajuste fiscal, la reducción significativa del aparato estatal y la reactivación de la exploración y producción de petróleo como caminos principales para sacar a Colombia de la crisis que atraviesa.

Los números que respaldan la urgencia son preocupantes. El déficit primario se multiplicó más de diez veces en apenas dos años, mientras que la deuda pública creció más del 50 por ciento en tres años y medio. Con caídas de ingresos entre el 80 y 90 por ciento, la tesorería nacional enfrenta un panorama crítico que podría llegar a su punto de quiebre en octubre de este año, según los cálculos que presenta De la Espriella.

Para enfrentar este escenario, el candidato del movimiento Defensores de la patria propone un conjunto de medidas concretas. Entre ellas destaca la estabilización y refinanciamiento de la deuda pública, el cumplimiento estricto de la regla fiscal y la optimización del aparato estatal mediante la eliminación de la llamada nómina paralela y la fusión de agencias que se superponen. Un gobierno entrante debe lograr lo que, según De la Espriella, ningún otro ha intentado en la historia colombiana: disminuir de manera significativa el tamaño del Estado, con una meta de reducción del 40 por ciento del gasto de funcionamiento para el año 2030.

En el sector energético, el candidato plantea recuperar la exploración y producción de petróleo, incluyendo técnicas de fracking que fueron suspendidas, además de impulsar proyectos de gas natural y gas licuado en las costas. Estos ingresos, argumenta, son fundamentales para financiar los programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

Más allá de los números, De la Espriella insiste en la necesidad de una revolución económica y social que ataque la raíz de los problemas: la pobreza y la desigualdad. Esto requiere, dice, un modelo productivo diversificado que no dependa únicamente de los hidrocarburos, sino que también impulse la agricultura, la minería y otros sectores.

Para lograrlo, propone un pacto fiscal nacional en el que gobierno, sector empresarial y sectores privados lleguen a acuerdos sobre cómo se recaudan, gastan y administran los recursos, sin necesidad de nuevas reformas tributarias. El objetivo es construir un sistema fiscal transparente y justo que financie el desarrollo, proteja a la clase popular y media, y garantice que cada peso público llegue con impacto real a todos los territorios y hogares del país.