Con mano firme en el tema de la corrupción, el presidente electo Abelardo de la Espriella acaba de dar instrucciones al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien lidera el comité de empalme anticorrupción, para que revise a fondo las revelaciones periodísticas sobre presuntos acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.

En el comunicado dirigido a Restrepo, De la Espriella fue contundente: señaló que las informaciones conocidas públicamente "constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho". El mandatario electo sostiene que su mandato recibido en las urnas implica fortalecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier actuación atribuida a servidores públicos sea evaluada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.

El presidente electo ordenó al comité de empalme hacer una evaluación integral de la información disponible para determinar si existen fundamentos que permitan presentar denuncias penales, disciplinarias y demás actuaciones que resulten procedentes. Específicamente pidió "promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes" respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos. En el análisis también ordenó incluir las actuaciones atribuidas al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, para establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar acciones legales.

Pero De la Espriella no se limitó a lo nacional. También ordenó estudiar la posibilidad de remitir información pertinente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de canales institucionales y diplomáticos cuando los hechos puedan estar dentro de su competencia. Igualmente instruyó evaluar si corresponde poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucren presuntas violaciones graves a derechos humanos.

En el cierre de sus instrucciones, el mandatario electo fue claro sobre sus prioridades: "El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta". Pidió que todo se adelante con prioridad y que le informen "oportunamente sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas".