De la Espriella ordena investigar a funcionarios por presuntos vínculos con Clan del Golfo
El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó a su equipo de transición para que investigue denuncias sobre posibles conexiones entre funcionarios del Gobierno actual y el Clan del Golfo. La orden incluye presentar denuncias penales y disciplinarias, revisar actuaciones del excomisionado de Paz Danilo Rueda Rodríguez, y reportar hallazgos a organismos internacionales si es necesario. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, liderará estas acciones como parte del proceso de empalme que comienza antes de la toma de posesión el 7 de agosto.
El presidente electo Abelardo de la Espriella no está dejando pasar las denuncias sobre presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno actual y el Clan del Golfo. Movido por lo que considera hechos de alta gravedad institucional, impartió órdenes directas a su equipo de transición para que investigue estas acusaciones y determine qué acciones legales corresponden tomar.
La responsabilidad de liderar este proceso recayó en el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien encabezará el equipo de empalme. Desde esta posición, deberá coordinar la presentación de denuncias penales y disciplinarias ante las autoridades competentes, así como analizar en detalle las actuaciones que se le atribuyen al excomisionado de Paz, Danilo Rueda Rodríguez, para establecer si existen fundamentos legales para iniciar procesos en su contra.
Las instrucciones van más allá de lo doméstico. El equipo de transición también puede remitir información a organismos internacionales y al Departamento de Justicia de Estados Unidos en caso de que las investigaciones evidencien posibles afectaciones a compromisos internacionales del Estado colombiano o eventuales violaciones a derechos humanos.
Para De la Espriella, estos pasos hacen parte de un objetivo más amplio: fortalecer la seguridad y restablecer el orden público durante su administración. El proceso de transición, que se desarrollará en las próximas semanas bajo criterios de transparencia y legalidad, abarcará la revisión de diferentes asuntos institucionales antes de la toma de posesión prevista para el 7 de agosto.
Fuente original: Diario del Norte

