Este domingo, el presidente electo Abelardo De la Espriella salió al paso de un escándalo que sacude los espacios de poder en el país. Hace poco, medios de comunicación difundieron audios en los que, presuntamente, Danilo Rueda, quien fue alto comisionado para la Paz del Gobierno actual, habría sostenido conversaciones y llegado a acuerdos con miembros del Clan del Golfo durante la fase inicial de los diálogos de paz. La noticia encendió las alarmas en la institucionalidad colombiana.

De la Espriella no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado, calificó los hechos como "de la mayor gravedad institucional" y fue claro en su posición: "Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho". Con esa declaración, el presidente electo dejó entrever que no está dispuesto a dejar el asunto en manos de la duda.

Inmediatamente después, giró instrucciones concretas al Comité de empalme anticorrupción. Le pidió que realice una evaluación integral de toda la información disponible para impulsar la presentación de denuncias ante la justicia penal, en materia disciplinaria y en cualquier otra vía legal que corresponda. Además, encargó específicamente que se determine si hay fundamentos jurídicos suficientes para iniciar acciones legales contra Danilo Rueda por sus actuaciones como exalto comisionado para la Paz, tomando como base los audios que han salido a la luz pública.

La cosa no para ahí. De la Espriella también ordenó que la información relevante sea remitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de los canales diplomáticos e institucionales apropiados, pero solo en aquellos casos donde las conductas investigadas caigan dentro de su competencia. Esto es un signo de que el presidente electo está viendo este asunto como un problema que puede tener implicaciones internacionales en materia de narcotráfico y seguridad.

Finalmente, le pidió a su equipo de empalme que evalúe la posibilidad de informar a otros organismos internacionales competentes cuando considere que los hechos puedan comprometer las obligaciones que Colombia tiene en el plano internacional o cuando se trate de presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Con esto, De la Espriella abre la puerta a que la investigación traspase fronteras si la gravedad del caso lo amerita. Es un movimiento que busca mostrar transparencia ante la comunidad internacional y reforzar la idea de que en Colombia nadie está por encima de la ley.