El presidente electo llegó a la campaña diciendo que sería diferente, que mantendría distancia de los partidos de siempre. Pero la realidad política es tozuda. Abelardo de la Espriella va a necesitar de quienes criticó para que sus promesas se conviertan en leyes. Y ellos ya lo saben.

Los movimientos en el Congreso comenzaron incluso antes de que el Consejo Nacional Electoral le entregara las credenciales. Centro Democrático y Cambio Radical fueron los primeros en anunciar que serían partidos de gobierno. Luego se sumó Creemos, el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez. Salvación Nacional prácticamente se da por sentada, porque fue la colectividad que llegó al Congreso bajo "la lista del Tigre". Las conversaciones con el Mira siguen en marcha, y el Partido Conservador parece decidido a entrar. La U está en el mismo camino: según fuentes de ese partido consultadas por EL COLOMBIANO, la discusión ya apunta hacia una declaratoria formal de gobierno.

Del otro lado, el Pacto Histórico será oposición, asegurado con sus curules y los apoyos que el Estatuto de la Oposición les reconoce. Pero hay sorpresas: la Alianza Verde, que caminó junto al Pacto durante la campaña, está dividida internamente. Parte de su bancada quiere declararse en oposición, pero otro sector prefiere mantenerse independiente para tener margen de movimiento. El Partido Liberal, que fue decisivo en la segunda vuelta electoral, aún no define su postura. Varios de sus congresistas consideran que eso dependerá de lo que el nuevo gobierno les esté dispuesto a ofrecerles en cargos y decisiones políticas. En otras palabras, están esperando la "mermelada" de siempre.

Los números son lo que más preocupa. En la Cámara, De la Espriella partiría con 76 curules de las 92 que necesita para el quórum decisorio. Eso deja un déficit de 16 escaños. En el Senado la cosa luce mejor: tendría cerca de 50 de 103, apenas dos menos de los que requiere. Pero aquí viene lo complicado: alrededor de 64 representantes en la Cámara aún no definen su postura, y los 26 liberales podrían actuar cada uno por su lado. Esa fragmentación es la que da poder a pequeños grupos y congresistas individuales.

Juliana Ocampo, especialista en asuntos públicos de la firma Orza, explica que "la fragmentación obliga a una negociación 'uno a uno', como ha venido pasando en el gobierno de Petro, marcada por intereses regionales y demandas puntuales, más que por acuerdos programáticos entre colectividades. Esto incrementa el costo político de cada iniciativa". La consecuencia es que el gobierno tendría que gobernar casi mes a mes, sin una red de respaldo permanente. Eso significa que reformas profundas como reducir el tamaño del Estado en un 40 por ciento o eliminar la JEP tendrían que avanzar lentamente, si es que lo hacen.

Las definiciones todavía no son definitivas. El nuevo Congreso se posesiona el 20 de julio, cuando Gustavo Petro aún es presidente. Solo después del 7 de agosto, cuando De la Espriella tome posesión, comienza el plazo de un mes que establece el Estatuto de la Oposición para que cada partido defina su postura. Y aquí está la trampa: los partidos pueden cambiar de opinión una vez durante el cuatrienio. El mapa político de hoy va a ser completamente diferente en algunos meses.

No es casualidad que haya designado a Rodrigo Lara en la cartera del Interior. Su experiencia en Senado y Cámara, y su trayectoria dirigiendo Cambio Radical, son interpretadas en el Capitolio como una señal clara: De la Espriella entendió que gobernar no se trata de discursos sino de política tradicional, pura y dura. El analista político Jairo Libreros considera que el presidente "cuenta con bases suficientes para sacar adelante buena parte de su agenda durante la primera legislatura", aunque todo dependerá de la capacidad de ese ministerio para consolidar apoyos. Lo que está claro es que gobernar a base de promesas y diferencia no será la estrategia. Será negociación constante con quienes dijo que no necesitaba.