Mientras Abelardo de la Espriella continúa armando su gabinete, un tema que no deja de generar conversación es cuántas mujeres ocuparán los principales cargos del próximo gobierno. Y los números son elocuentes: de los diez ministerios ya anunciados, solo tres serán dirigidos por mujeres, frente a siete que serán encabezados por hombres.

Pero aquí viene lo importante. Una reforma reciente a la Ley de Cuotas, aprobada en 2024, cambió las reglas del juego. Ahora el Gobierno está obligado a garantizar que al menos el 50 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio sean ocupados por mujeres. En términos prácticos, esto significa que si el gabinete tiene 18 ministerios, nueve de ellos deben estar en manos de mujeres. Con solo tres nombradas y ocho carteras aún por definir, De la Espriella tendría que seleccionar seis ministras entre los cargos restantes para cumplir con esta exigencia legal.

Esta no es una discusión meramente burocrática. Los últimos datos demuestran que Colombia aún tiene un camino largo en representación femenina en los espacios de poder. El Congreso elegido para el periodo 2026-2030 es un ejemplo de ello: la participación de mujeres en el legislativo se estancó en apenas un 29 por ciento, cuatro mujeres menos que en el periodo anterior, muy por debajo del 50 por ciento que marca la paridad.

En el panorama de posibles designaciones para el gabinete, varios nombres femeninos han resonado en los últimos días. Para la Embajada de Colombia en Washington, se ha mencionado a María Claudia Lacouture, actual presidenta ejecutiva de AmCham Colombia y exministra de Comercio, Industria y Turismo. También ha sonado María Fernanda Cabal, aunque inicialmente se pensó que entraría al Ministerio de Defensa, cargo que ya fue ocupado. Carolina Restrepo Cañavera, abogada especializada en derecho empresarial y fiscal, también está en el radar para alguna cartera, aunque según reportó Noticias RCN, se pensaba que pudiera llegar a Hacienda, ministerio que también ya fue asignado.

Lo que suceda en las próximas designaciones trascenderá lo puramente legal. Los nombramientos que realice De la Espriella serán leídos también como un mensaje político sobre el rol que las mujeres tendrán en las decisiones centrales del país durante los próximos cuatro años. Si cumple con la paridad, dará una señal de compromiso; si no lo logra, enfrentará cuestionamientos sobre su genuino interés en la equidad de género en su administración.

La Ley de Cuotas, que originalmente data de 2000, fue actualizada justamente para avanzar hacia esa paridad que el país aún no alcanza en sus esferas de poder. El incumplimiento no solo tiene implicaciones políticas, sino también legales: los nombramientos realizados en contravía de esta norma podrían ser impugnados ante la justicia administrativa, lo que añade presión real a las decisiones que faltan por anunciar.