El escándalo que sacudió al gobierno de Gustavo Petro por presuntos acuerdos con el Clan del Golfo subió de nivel este viernes. El equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que presentará las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en lo que representa una escalada internacional de un caso que comenzó con audios revelados hace una semana.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo explicó que la decisión obedece a que los hechos investigados podrían involucrar delitos de lavado de activos y recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, asuntos que están bajo la jurisdicción de las autoridades norteamericanas. "Porque en el fondo, detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además, han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero", indicó Restrepo.

Los audios que detonaron la polémica corresponden a una reunión del 2 de septiembre de 2022 entre el entonces comisionado de Paz Danilo Rueda y representantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Jerónimo. En las grabaciones, Rueda conversa sobre medidas para reducir la presión militar en zonas donde opera el grupo criminal, menciona decisiones sobre bombardeos y alude a procesos de depuración en organismos de inteligencia. El cabecilla criminal, por su parte, plantea la necesidad de levantar órdenes de captura y solicitudes de extradición contra miembros de su organización.

Mientras el nuevo gobierno prepara las denuncias internacionales, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrirá una nueva línea de investigación. El ente ya había radicado una solicitud formal de investigación y ahora incorporará dos denuncias recientes a un expediente preliminar que avanzaba por otros hechos relacionados con grupos armados ilegales. Las actuaciones involucran tanto a Danilo Rueda como al exministro de Defensa Iván Velásquez, quien estaba en el cargo cuando ocurrieron los encuentros revelados.

De la Espriella ordenó calificar el asunto como de "máxima gravedad institucional" y mandató a su equipo de transición evaluar la información disponible para promover acciones penales, disciplinarias y administrativas contra funcionarios que hayan participado. También instruyó analizar la posibilidad de remitir el expediente a organismos internacionales en caso de que las conductas investigadas comprometieran obligaciones internacionales del Estado colombiano.

La Procuraduría General también abrió su propia investigación disciplinaria contra Rueda y Velásquez, incluyendo al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus y al entonces jefe de contrainteligencia Ricardo Rosanía. El Ministerio Público indaga denuncias sobre reuniones realizadas en la DNI con personas vinculadas al narcotráfico para facilitar contactos políticos que respaldaran un proyecto de sometimiento del Clan del Golfo y para establecer canales de comunicación con sus máximos dirigentes.