Cuando Abelardo De la Espriella asuma la presidencia el 7 de agosto, recibirá un legado territorial sin precedentes: 22 Entidades Territoriales Indígenas ya funcionando como organizaciones autónomas que manejan sus propios recursos y controlan extensiones de tierra comparable a departamentos completos. Para el gobierno saliente, es reparación histórica con los pueblos originarios. Para sus críticos, es una transformación profunda del Estado hecha por decreto que abre múltiples riesgos legales.

El caso más visible está en la Alta Guajira. En Uribia existe ahora Wuinpumüin, una nueva entidad territorial indígena que abarca 257.408 hectáreas y nueve corregimientos estratégicos desde Nazareth hasta Puerto Estrella, en frontera con Venezuela. Allí, las autoridades administran directamente dinero para salud, educación, agua y proyectos sociales, funciones que antes manejaba el municipio. Custodio Wouyurí Valbuena encabeza esta jurisdicción. Su hermano Armando fue promotor de la Asamblea Constituyente de Petro, detalle que añade un matiz político a un proceso que el gobierno defiende como cumplimiento constitucional. Según reveló EL COLOMBIANO, la organización Wayúu-Araurayú vinculada a este territorio firmó contratos por más de 20 mil millones de pesos entre 2023 y 2026.

Pero Wuinpumüin es apenas la punta del iceberg. La Agencia Nacional de Tierras redibujó el mapa desde la Guajira hasta la Amazonía profunda. Arica se convierte en la mayor con 1.483.785 hectáreas, seguida por PANI con 1.481.774 hectáreas. Otros gigantes amazónicos como Yaigojé Apaporis (1.232.107 hectáreas) y Mirití Paraná (1.234.100 hectáreas) completan un grupo de siete territorios que superan el millón de hectáreas. En el Cauca, el CRIC administra formalmente más de 282.000 hectáreas. El Ejecutivo justificó este rediseño argumentando que el Congreso incumplió su obligación de reglamentar estas entidades, por eso se apoyó en decretos de 2014, 2018 y 2025 para avanzar.

Sin embargo, expertos consultados identifican problemas graves. Primero, el control fiscal es un interrogante abierto. Estas entidades administran directamente recursos del Sistema General de Participaciones y regalías, pero no está claro quién responde legalmente si el dinero destinado a agua potable o proyectos agrícolas termina desaparecido en "gastos de oficina" o corrupción. Las alcaldías perdieron jurisdicción pero el nuevo sistema no tiene mecanismos de vigilancia definidos.

Segundo, la propiedad privada genera incertidumbre. Aunque la ANT aseguró que no afecta suelo urbano, en las zonas rurales hay vacío legal sobre qué pasa con los títulos de propiedad que quedan dentro de los nuevos perímetros. Un abogado experto en tierras consultado por EL COLOMBIANO advierte que "los alcaldes pierden mando mientras que los nuevos territorios asumen competencias que no se asimilan a la estructura tradicional de municipios o departamentos". Esta orfandad institucional dificulta que productores locales accedan a créditos o asistencia técnica.

Tercero, existe una "guerra de mapas" latente. Los límites se definieron mediante cartografía social combinada con herramientas técnicas del IGAC, mezclando saberes indígenas ancestrales con precisión estatal. Pero si estos mapas no coinciden con los planos oficiales municipales, el país enfrentará disputas diarias por acceso al agua y uso de pastos.

Finalmente, la fragilidad jurídica es crítica. Aunque la Constitución de 1991 respalda territorios indígenas, expertos advierten que decretos y resoluciones de la ANT podrían ser anulados por las altas cortes, pues existe duda legal sobre si es válido que el Ejecutivo cree estas entidades solo porque el Congreso no sacó la ley orgánica necesaria. De la Espriella recibirá un mapa redibujado pero sin bases legales sólidas, donde 22 nuevas estructuras de poder operan de manera paralela a la administración municipal tradicional.