Los colombianos eligieron a Abelardo de la Espriella como su próximo presidente para el período 2026-2030. El abogado penalista, quien cumplirá 48 años el próximo 31 de julio, se perfila como el segundo mandatario más joven en la historia reciente del país, solo superado por Iván Duque quien asumió con 42 años. De la Espriella ganó una contienda cerrada frente al senador Iván Cepeda, presentándose como candidato independiente con un discurso centrado en la mano dura contra la criminalidad y la reducción de lo que considera burocracia innecesaria del gobierno saliente de Gustavo Petro.

Lo que espera al país bajo su administración, sin embargo, trae un menú de propuestas que ya genera fricción. En materia internacional, el futuro presidente ha insinuado que Colombia podría revisar su permanencia en organismos multilaterales. En una entrevista con Luis Carlos Vélez, De la Espriella señaló: "Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio". Con esta idea, el abogado busca canalizar lo que ve como gastos innecesarios hacia otras prioridades del país.

Dentro de esa lógica de austeridad, su plan incluye una reducción del aparato estatal del 40 por ciento. Según explicó el virtual vicepresidente electo José Manuel Restrepo en medios radiales, esta disminución tendría en cuenta la "realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado". Aunque suena definido en los discursos de campaña, los detalles de cómo se realizaría esta reforma no están completamente desarrollados en el plan de gobierno. Se menciona la posible eliminación de embajadas, ministerios y consulados, pero hay incertidumbre sobre hasta dónde se puede recortar sin afectar funciones esenciales. Actualmente Colombia tiene 19 ministerios, más de 65 embajadas y 111 consulados.

En seguridad, De la Espriella ha expresado admiración por el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su lucha contra pandillas. Inspirado en eso, propone la construcción de 10 megacárceles en Colombia, financiadas mediante concesiones mixtas con el sector privado nacional e internacional. El debate aquí no es solo presupuestario sino ético: Bukele ha enfrentado críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros por posibles violaciones a derechos fundamentales dentro de sus cárceles de emergencia.

Los defensores de derechos humanos no son los únicos preocupados. Los ambientalistas están en alerta por otra propuesta: reactivar el fracking, la técnica de perforación en el subsuelo para extraer petróleo y gas atrapado en rocas compactas. El gobierno Petro había suspendido estos contratos buscando liderar una transición energética. El giro que plantea De la Espriella contrasta con datos del Foro Económico Mundial que muestran que Colombia retrocedió ocho puestos en el ranking de preparación para abandonar combustibles fósiles durante estos últimos cuatro años, cayendo del puesto 35 al 43 entre 120 naciones. Sin embargo, el sindicato de la USO en Ecopetrol argumenta que el fracking es necesario para garantizar la continuidad de las reservas energéticas.

El vuelco en drogas también marca el horizonte del nuevo gobierno. Su plan de gobierno enfatiza que ante una "producción potencial de más de 3000 toneladas de cocaína", se recurrirá a "todas las formas de erradicación de la coca, desde la fumigación aérea hasta las formas de sustitución manual de cultivos, a la destrucción sistemática de laboratorios, a la interdicción sobre corredores estratégicos y a la persecución real de finanzas y cabecillas que serán extraditados a la mayor brevedad".

A partir del 7 de agosto, De la Espriella ocupará la Casa de Nariño. El país está expectante de cuál será el alcance real de estos anuncios de campaña. El presidente electo ha prometido llegar con una batería de 90 decretos listos para ejecutarse desde el primer día, lo que sugiere una intención de actuar con rapidez. Lo que reste por verse es cómo estas medidas se materializan en un país que, si bien votó por cambio, deberá lidiar con sus consecuencias complejas en derechos humanos, medio ambiente y estructura institucional.