Abelardo De la Espriella cumplió su palabra. El candidato presidencial dirigió cartas formales al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para denunciar lo que él describe como interceptaciones ilegales de sus comunicaciones. Según el aspirante a la presidencia, estas supuestas "chuzadas" habrían sido ordenadas desde el Gobierno de Gustavo Petro.

El detonante, según De la Espriella, fue un trino del presidente del pasado fin de semana en el que mencionó informes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella. Para el candidato, ese mensaje constituye "una confesión consistente en la violación ilegal de mis comunicaciones". En sus denuncias, el abogado sostiene que "Hoy denunció ante Colombia y la comunidad internacional que estoy siendo objeto de interceptaciones ilegales y perfilamiento político. Esto no es un hecho menor: es un atentado directo contra la democracia".

De la Espriella no presenta esto como un caso aislado. En la carta dirigida a Rubio, argumenta que existen conductas que "forman parte de un clima constante de intimidación política y violencia contra la oposición". Menciona asesinatos de actores políticos como el de Miguel Uribe Turbay, persecución a personalidades públicas y una "oleada de amenazas, atentados terroristas" contra quienes se oponen al Gobierno.

En su denuncia ante el Parlamento Europeo, De la Espriella pidió que se investigue al presidente Petro por "violación ilícita de comunicaciones e instigación a una presunta amenaza o atentado contra mi vida y la de mi familia". Además, solicitó que se indague sobre lo que describe como "una campaña difamatoria" en su contra, incluyendo lo que llama "propaganda negra" y "montajes judiciales" durante los ocho meses de campaña.

El candidato ya había denunciado estos hechos ante organismos nacionales, incluyendo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Con estas cartas internacionales, De la Espriella busca visibilizar lo que considera un incumplimiento del Gobierno colombiano de los compromisos adquiridos durante la reunión que Petro sostuviera con Donald Trump. Para él, estas acciones de la administración Petro están alimentando la polarización y la violencia política en el país.