La campaña de Abelardo de la Espriella levantó la voz esta semana denunciando que grupos criminales de Medellín están ejerciendo presión sobre transportistas y comerciantes para que retiren la publicidad política del candidato. Según el comunicado que difundió su equipo, personas vinculadas a organizaciones delincuenciales habrían ordenado desmontar material publicitario en varios sectores de la capital antioqueña. En Belencito, alrededor de 40 buses de transporte público tuvieron que sacar la propaganda de De la Espriella, mientras que en Robledo comerciantes recibieron presiones para quitar afiches de sus locales.

Molesto por la situación, De la Espriella se dirigió a sus seguidores a través de redes sociales con un tono confrontacional. "Combos criminales de Medellín, los que comparten tarima con Petro, pretenden amedrentar a los seguidores y colaboradores de nuestra campaña. Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor", escribió en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. El candidato continuó con una advertencia: "Asustados andan los bandidos y tienen razón. El 7 de agosto van a saber lo duro que muerde el Tigre. Nunca más se creerán dueños de la ciudad." Su campaña anunció que solicitará a las autoridades investigar los hechos e implementar garantías de seguridad para que pueda continuar con sus actividades en Medellín.

Las declaraciones de De la Espriella se suman a una controversia más amplia que lleva semanas generando ruido en la carrera presidencial. El candidato había asegurado previamente que existiría un supuesto plan para atentar contra su vida, acusación que generó tensión con la Dirección Nacional de Inteligencia. Desde esa entidad respondieron de manera tajante, negando cualquier conexión con lo que De la Espriella denunció.

La DNI emitió un comunicado rechazando los señalamientos. La institución aseguró que "rechaza cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas" y recordó que es un organismo civil dedicado a producir inteligencia estratégica para el gobierno. Enfatizaron que "Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno".

La dirección también aclaró que mantiene una política de "cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, estén alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos". Como respuesta, la DNI instó a De la Espriella a presentar ante la Fiscalía General de la Nación todas las pruebas que sustenten sus acusaciones, advirtiendo que se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger su reputación institucional.