En los pasillos de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria que se desarrolla en Cartagena de Indias, hay un espacio que llama la atención de las delegaciones internacionales. Se llama 'Pásate' y allí venden productos hechos por personas que hace poco tiempo portaban un fusil. Hoy cultivan café, cacao y elaboran artesanías. No es solo un mostrador comercial; es la prueba viva de que 2.600 familias decidieron cambiar la guerra por la paz.

La cifra que respalda este cambio es contundente. Durante esta administración, la entrega de tierras a excombatientes creció de manera dramática. Pasó de las 800 hectáreas que dejaron gobiernos anteriores a un total de 19.000 hectáreas adjudicadas hoy. Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, lo explica con una lógica que resuena: "quien tiene tierra para cultivar alimentos no tiene espacio para pensar en regresar a las armas".

Lo que la funcionaria llama 'arraigo a la vida civil' se ha convertido en el corazón de la estrategia para que el proceso de paz sea sostenible. De los 11.000 firmantes del Acuerdo que permanecen fieles al proceso (el 87 por ciento de quienes dejaron las armas), más de 2.600 ya tienen títulos de propiedad. Miller lo resume con convicción: "La concentración de la tierra ha estado en el centro de la guerra y su redistribución tiene que estar en el centro de la paz".

Sin embargo, el camino está lejos de ser recto. El último año ha traído una crisis seria en regiones como el Catatumbo, donde grupos armados vinculados al narcotráfico han presionado a los excombatientes obligándolos a desplazarse masivamente desde espacios territoriales de paz. La respuesta estatal fue reasignar 1.400 hectáreas en zonas más seguras, pero la sombra de la violencia persiste en el Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y Sur de Bolívar. Miller no oculta su frustración: "En Bogotá es muy fácil hablar de guerra, pero cuando tienes que esconder a tus hijos bajo la cama porque hay bombardeos, la cosa es a otro precio".

Para la directora de la ARN, parte del problema tiene raíces históricas. "El crecimiento de los grupos armados en el pasado reciente fue el resultado directo de no haber llegado a tiempo con la Reforma Agraria y la sustitución de cultivos", señala. Su diagnóstico es que sin tierra, sin opciones económicas legales, la guerra encuentra caldo de cultivo.

Miller hace un llamado a no retroceder en tres frentes: mantener el diálogo incluso con estructuras complejas, implementar la Reforma Rural Integral como un compromiso de Estado y no solo como un favor, e ir más allá del Acuerdo para atacar las causas estructurales de la exclusión. La apuesta final es clara: convertir a Colombia en una potencia agrícola donde el campesinado y los excombatientes sean, por fin, dueños de su destino.